Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Constitucional decidirá sobre el caso de un profesor despedido por hacer público que era un cura casado

El Tribunal Constitucional va a tener ocasión de pronunciarse sobre la situación de los profesores de religión, que en un Estado laico pierden su trabajo por ejercer el derecho constitucional a casarse. El amparo ha sido solicitado por un profesor de religión de un instituto de Mula (Murcia) que, tras difundir su condición de cura casado, fue despedido por orden del obispo de Cartagena, decisión avalada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

José Antonio Fernández, ordenado sacerdote en 1961, pidió dispensa en 1984, que le fue concedida en 1997. En 1985 contrajo matrimonio civil, del que nacieron cinco hijos. Desde 1991 trabajó como profesor de religión hasta que en 1996 el periódico La Verdad, de Murcia, publicó un artículo sobre el Movimiento Pro Celibato Opcional, ilustrado con una fotografía de Fernández y su familia.

El obispo de Cartagena comunicó al Ministerio de Educación la baja definitiva de Martínez como profesor y un mes después explicó que la causa de la destitución era el haberse hecho pública y notoria su situación y 'por respeto a la sensibilidad de muchos padres de familia, que se sentirían contrariados al conocer públicamente la situación' del profesor de religión.

Inicialmente, la juez de lo Social de Murcia Eulalia Martínez, declaró en 2000 nulo el despido de Fernández, por discriminatorio a causa de su condición de sacerdote casado, y condenó al Ministerio de Educación y a la Comunidad de Murcia a la inmediata readmisión en su puesto de profesor de Religión y Moral Católicas.

Recurrido el fallo, el máximo tribunal murciano lo revocó en febrero de 2001, por entender que no hubo vulneración de derechos ni despido, sino sólo 'no renovación de un contrato temporal'.

Fernández, asesorado por el letrado José Luis Mazón, pidió en marzo de 2001 amparo al Constitucional, por considerar el despido 'discriminatorio' y 'una injerencia no justificada en su vida privada' que también vulnera su libertad de expresión. La decisión está pendiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de mayo de 2001