Argelia: ¡Europa debe actuar!

Ciudadanos europeos: consideramos inaceptable el silencio o las dilaciones de nuestros gobernantes y de la Unión Europea frente a los acontecimientos de Argelia. Desde 1992, nuestros representantes no han hecho ningún esfuerzo por contribuir al retorno de la paz civil a este país y así poner fin a la violencia que ha causado la muerte de decenas de miles de personas. Hoy ya no es posible disculpar al régimen de Argelia, ni justificar esta indiferencia criminal por la presunta opacidad del conflicto.

Desde hace varios años, numerosos testimonios, entre ellos el de un ex oficial de las fuerzas especiales, no dejan lugar a dudas: en Argelia, el poder real está constituido por unos cuantos generales al frente del Ejército, y son ellos los principales responsables de la guerra sucia. Ellos decidieron, fríamente, poner en marcha una guerra de erradicación de toda oposición, sin retroceder ante ninguna de las exacciones constitutivas de crímenes contra la humanidad, según los estatutos del futuro Tribunal Penal Internacional: tortura generalizada, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, etcétera. Son ellos los que han elegido deliberadamente dejar impunes los crímenes de los miembros de los grupos armados islamistas (numerosos indicios parecen indicar incluso que, desde hace más de un año, han utilizado supuestamente la ley para la 'concordia civil' para reconvertir a sus agentes infiltrados en los maquis liquidando a algunos 'arrepentidos' que se habían negado a convertirse en auxiliares de las fuerzas de seguridad).

Son ellos los que parecen haber optado de nuevo, como ocurrió durante las revueltas de octubre de 1988 y en otras ocasiones, por la política de lo peor, con la esperanza de superar la crisis interna provocada por esas revelaciones: no han dudado, estas últimas semanas, en multiplicar las provocaciones de la gendarmería en Cabilia. Y tampoco en reprimir después salvajemente, a costa de decenas de muertos, las sublevaciones de una juventud revuelta por esas exacciones. Al matar a jóvenes desarmados confirman su absoluto desprecio por la vida de sus conciudadanos y demuestran que están dispuestos a todo para conservar sus escandalosos privilegios y sus rentas de corrupción.

Finalmente, son ellos los que han formado un sistema político que les permite contar con la connivencia de los presidentes de la República, que nunca han condenado ni sancionado el empleo criminal e irresponsable de las fuerzas del orden.

Nosotros no podemos conformarnos con afirmar nuestra necesaria solidaridad con las familias de las víctimas y los demócratas argelinos que quieren derribar a esta criatura sangrienta para llegar por fin a la paz civil. Por eso interpelamos a nuestros gobiernos y a las instancias competentes de la Unión Europea: deben obrar con todos los medios a su disposición para hacer que se respeten los pactos internacionales sobre el respeto a los derechos humanos, que ellos firmaron en nuestro nombre y que también firmó Argelia. Nosotros les pedimos que actúen de conformidad con la Declaración de Barcelona, que instituyó en noviembre de 1995 una 'colaboración euro-mediterránea'. Declaración por cuyos términos todos los Estados firmantes se comprometieron a 'respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a garantizar el ejercicio efectivo y legítimo de estos derechos y libertades, incluidas la libertad de expresión, la libertad de asociación con fines pacíficos y la libertad de pensamiento, conciencia y religión'.

Sin juzgar de antemano otras iniciativas, les pedimos:

- Que condicionen la aprobación del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Argelia, que sería inminente, al respeto de los derechos humanos y al establecimiento del estado de derecho por parte del Estado argelino y sus fuerzas de seguridad; a la sanción, según las normas del derecho internacional, de las violaciones, de las que son responsables las fuerzas de seguridad y los grupos armados islamistas: esto implica, sobre todo, que Argelia acepte por fin las investigaciones de los informadores especiales de Naciones Unidas sobre la tortura y las desapariciones.

- Que pongan en marcha sin más dilación los mecanismos de 'competencia universal' que permitan a los Estados miembros de la Unión interpelar y juzgar ante sus propias jurisdicciones a los militares argelinos presentes en su territorio y sospechosos de ser responsables o cómplices de graves violaciones de los derechos humanos. En este caso, denunciamos la actitud del Gobierno francés, que ha permitido que el general-mayor jubilado Khaled Nezzar fuera 'exfiltrado' el pasado 25 de abril para escapar a las denuncias presentadas contra él en París ese mismo día por las víctimas de las torturas, y condenamos firmemente el hecho de que las identidades de los denunciantes (cuyo anonimato había sido públicamente preservado por evidentes razones de seguridad) se hayan comunicado -muy probablemente por la policía francesa- a las autoridades argelinas, que presionaron e intimidaron a sus familiares en Argelia.

- Que intervengan ante las Naciones Unidas para obtener la constitución de un Tribunal Penal Internacional ad hoc para juzgar a los responsables, sean quienes sean, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Argelia.

(*) Primeros firmantes de este artículo: - Alemania: Daniel Cohn-Bendit (eurodiputado), Werner Ruf (profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Kassel). - Bélgica: Luc Carton (filósofo), Herman de Ley (historiador de la filosofía, Universidad de Gante), François Heutart (jurista, Universidad de Louvain-la-Neuve), Jeanne Kervyn (socióloga). - España: Juan Goytisolo (escritor), Gema Martín-Muñoz (profesora de la Universidad Autónoma de Madrid), José María Ridao (escritor y diplomático). - Francia: Étienne Balibar (filósofo, Universidad de París-10), Pierre Bourdieu (profesor del Collège de France), François Burgat (politólogo del CNRS), Hélène Flautre (eurodiputada), Pierre Vidal-Naquet (director de estudios en el EHESS). - Italia: Anna Bozzo (historiadora, Universidad de Roma-3), Louis Godart (Accademia dei Lincei), Ferdinando Imposimato (presidente honorario adjunto del Tribunal Supremo), Igor Man (editorialista de La Stampa), Predrag Matvejevic (escritor, presidente del consejo científico de la Fundación Laboratorio Mediterráneo). - Reino Unido: William Byrd (economista), George Joffé (profesor de la Universidad de Londres), Claire Spencer (politóloga, Universidad de Londres). - Suecia: Åke Sander (profesor de estudios religiosos, Universidad de Göteborg). - Suiza: Marie-Claire Caloz-Tschopp (filósofa, Universidad de Ginebra).