Asturias empieza a cerrar aulas por la caída de la natalidad

La enseñanza privada ha emprendido acciones de protesta contra el cierre de 49 aulas de centros concertados de Asturias por la caída de natalidad, mientras los defensores de la red pública consideran insuficiente la decisión y el Gobierno socialista asturiano justifica la decisión por la discriminación sufrida durante el anterior ejecutivo del PP por la red pública, que es la única que garantiza la enseñanza en 60 de los 78 municipios de la comunidad.

La enseñanza pública y la privada concertada se enfrentarán a una dura lid en la mayoría de las comunidades en los próximos años. La notable caída de la natalidad en España y la consiguiente inevitabilidad del cierre de aulas va a abocar al sector educativo a una nueva lucha entre ambas opciones para dirimir en qué grado habrá de repercutirles y con qué criterios la reducción de plazas escolares.

La región con menos nacimientos sufre desde hace semanas continuas protestas

Asturias, que es la región española con menor índice de nacimientos, está siendo en este momento el escenario de la primera batalla. Desde hace semanas, profesores, padres y defensores de ambas opciones educativas protagonizan protestas, manifestaciones en la calle, encierros y negociaciones con las autoridades del Principado para intentar que el recorte sea lo menos gravoso para el tipo de educación que representa cada uno de ambos colectivos.

La decisión final del Gobierno socialista asturiano ha sido la de concentrar el recorte de plazas escolares en la red privada, retirar la subvención para los cuatro próximos cursos (2001-2005) a 49 aulas concertadas y mantener la integridad del sistema público. La patronal asturiana de la enseñanza privada concertada ha anunciado que planteará recurso y que 'llegará hasta el final, hasta donde la ley permita'. 'No nos vamos a quedar cruzados de brazos', aseguró el padre Valdés, uno de los representantes de la patronal privada. Los defensores de la enseñanza pública tampoco están satisfechos y están protagonizando encierros y manifestaciones para reclamar la definitiva supresión de los conciertos y un trato de absoluta prioridad a la red pública.

El problema en realidad acaba de empezar. Un informe difundido en septiembre de 1999 por la dirección provincial de Educación apenas unos meses antes de que se materializase el traspaso de las competencias educativas al Principado advertía de que Asturias perdería en seis años más de la mitad de los escolares de entre 3 y 12 años (en concreto, el 58%) y que en ese periodo el número de alumnos en ese segmento de edades descenderá de los 75.000 matriculados en aquella fecha a unos 31.500 en 2005. En los últimos seis años, desde el curso 1995-1996 hasta ahora, la población escolar asturiana ya se ha reducido en 38.190 alumnos.

'En ninguna comunidad se ha producido un fenómeno de pérdida de alumnos tan intenso y espectacular como el nuestro', asegura el presidente de Asturias, el socialista Vicente Álvarez Areces, docente universitario en excedencia, ex director provincial de Educación y ex jefe del Servicio de Inspección Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia.

La decisión actual de las autoridades asturianas de afrontar la disminución del número de alumnos para el próximo curso concentrando el recorte de aulas exclusivamente en la red de centros privados concertados supondrá que, de las 1.200 aulas de educación infantil, primaria y secundaria subvencionadas en este momento, se pasará a 1.151 en el próximo curso. La decisión acarreará, por tanto, el cierre de 49 aulas privadas en toda la región de educación infantil, 28 de primaria y 18 de secundaria, y el cierre de dos de los 76 centros educativos privados concertados. Los colegios que están abocados al cierre están situados en las localidades de Pravia y Villaviciosa. El Gobierno socialista asturiano ratifica así la propuesta que le fue elevada el 23 de abril por la Comisión Regional de Conciertos.

El consejero de Educación del Principado, Javier Fernández Vallina, sostiene que esta decisión permitirá 'dignificar la red pública como garante de la cobertura de las necesidades educativas' en Asturias, sin que entrañe menoscabo para el ejercicio del 'derecho a la educación y la posibilidad de escoger centro dentro de la oferta de puestos escolares gratuitos'.

Fernández Vallina añade que este recorte no va a impedir que continúen en los centros en los que actualmente cursan estudios los escolares que se hallan en los niveles de enseñanza obligatoria; es decir, entre primero de Primaria y el último curso de la ESO. Según el titular de Educación, la supresión de conciertos obedece a la racionalización del uso de los recursos públicos y al propósito de mejorar la calidad de la enseñanza, haciendo posible 'la convivencia equilibrada del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza'.

El sector de la enseñanza concertada ha anunciado que interpondrá recurso contecioso-administrativo contra esta decisión, que considera atentatoria contra el derecho de los padres a elegir centro para sus hijos. Los representantes de la privada aseguran que la supresión afecta a colegios que tienen suficiente demanda de alumnos.

En realidad, el debate de fondo es si la red pública y la privada concertada han de tener un trato homogéneo o cabe hacer discriminación y establecer prioridades en virtud de criterios selectivos.

En opinión del sector de la enseñanza privada concertada, los efectos de la pérdida de población en edad escolar debería repercutir sobre las dos redes de enseñanza para garantizar que no se dañe el derecho de los padres a la libre elección de la opción educativa que desean para sus hijos. Por el contrario, el consejero asturiano de Educativo ha hablado en alguna ocasión que la Administración debe conceder 'prioridad moral' a la escuela pública para 'el mejor cumplimiento de los fines del servicio público de la Educación'.

Apoyo a la concertada

Pero no sólo eso. Desde el Principado se recuerda que en la anterior legislatura, cuando el PP desempeñó el Gobierno de Asturias, hubo un apoyo preferente a la enseñanza privada en menoscabo de la pública sin que el sector privado hubiese reclamado entonces el trato paritario que ahora invoca. La argumentación de fondo del Gobierno asturiano para justificar una reducción de aulas exclusivamente en el ámbito privado subvencionado se fundamenta en la necesidad de un reequilibrio después de cuatro años de Gobierno en poder del PP.

El presidente del Principado y profesor universitario de matemáticas en excedencia, Vicente Álvarez Areces, explica que se favoreció a la privada en detrimento de la pública: en los últimos seis años, 'la red pública perdió 479 unidades o aulas, que, traducidas a alumnos, significa 33.997. En esos mismos años, la red concertada incrementó 301 unidades, lo que equivale a 3.448 alumnos. Hubo, por tanto, un manifiesto desequilibrio producido por decisiones políticas de quienes en aquel momento tenían la responsabilidad de gobernar'.

Álvarez Areces dice que su Gobierno reconoce y respeta 'los derechos de los centros privados concertados', pero les recuerda que mientras ellos sólo imparten enseñanza 'en el área central de Asturias', es decir, en la Asturias más rica y próspera, la más urbana, y donde se asienta el 80% de la población, 'en 60 de los 78 concejos' de la región la Asturias rural, distante del centro, poco poblada y con un hábitat muy diseminado y disperso, sólo existen centros públicos.