El Tribunal de Cuentas descubre múltiples anomalías en la gestión del Gobierno en 1998

El análisis de 1.375 contratos por valor de más de un billón de pesetas permite a los auditores públicos descargar múltiples censuras contra los gestores de diversos ministerios y organismos. Éstas son las principales anomalías destapadas por el Tribunal de Cuentas.

- Urgencia. En 235 expedientes analizados, la Administración central contrató por el método de urgencia. Pero el Tribunal de Cuentas proclama que en 49 de esos expedientes acelerados por el gestor público, por valor de más de 13.000 millones, 'no está motivada' la urgencia del asunto. De dicho medio centenar de contratos urgidos irregularmente, 27 (por un monto superior a los 7.000 millones) corresponden a la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Educación, y otros 11 los capitaliza la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Se da la circunstancia de que incluso a veces se declara la urgencia de contratar unas espumas de lucha contra incendios, y el órgano contratante no pone fecha a dicha urgencia. El Tribunal de Cuentas censura que se contraten la construcción de unidades escolares o un paseo marítimo por urgencia y por mera apelación a indefinidas 'razones inaplazables'. También critica que se use este mecanismo para solventar las tardanzas burocráticas en la tramitación de expedientes. Así, la Dirección General de la Marina Mercante, de Fomento, inició un proceso de contratación ordinario el 12 de marzo de 1997, y lo declaró urgente en septiembre de ese año, dada la 'necesidad apremiante de realizar la asistencia técnica'. Tan apremiante adjudicación, sin embargo, se demoró otros seis meses.

- Emergencia. Este sistema de contratación está previsto para remediar catástrofes. Pero a veces, la Administración parece haber sido afectada por la propia furia de la naturaleza y tarda cinco meses en ordenar obras de emergencia para reparar los daños del temporal en provincias como Málaga o Alicante. O se declara de emergencia el dragado del canal que une los mares Mediterráneo y Menor no por ninguna catástrofe, sino por la mera 'inactividad durante varios años' del órgano que debió hacerlo.

- Fiscalización del gasto. En 51 expedientes, con un monto superior a los 16.000 millones, no se realizó el preceptivo informe de fiscalización previa al gasto. La Dirección General de la Policía fue requerida para aportar cuatro de estos informes y los denegó bajo el argumento de que estaban en poder de la intervención delegada. En 56 ocasiones hubo de ser el propio Consejo de Ministros el que salvara esta laguna legal convalidando un gasto de más de 14.000 millones a pesar de que habían efectuado contrataciones sin tales informes. Los departamentos autores de estas irregulares omisiones fueron la Dirección General de Obras Hidráulicas (26 expedientes), y la Dirección General de Carreteras (29).

- Aprobación del gasto. En 94 expedientes, por valor de más de 32.000 millones, en contra de lo que exige la Ley, no consta resolución alguna que justifique la necesidad del gasto.