Un fiscal argentino pide que Menem declare por tráfico de armas

La primera reacción del Partido Justicialista ha sido trasladar la cuestión al Parlamento argentino, donde sus senadores han convocado para hoy una jornada en 'defensa del peronismo y contra la persecución' política. Asimismo, el Consejo Nacional del PJ, que preside el ex presidente Carlos Menem, celebrará un cónclave extraordinario para tratar la cuestión. La capacidad de presión de la oposición peronista no es, en estos momentos, nada despreciable.

El Gobierno de la Alianza -que incluye la Unión Cívica Radical y la izquierda del Frente del País Solidario- necesita imperiosamente el apoyo del Senado para aprobar las leyes que el superministro de Economía, Domingo Cavallo, propone para la reactivación económica. O para obtener la aprobación de la Cámara alta a la inminente destitución del presidente del Banco Central, Pedro Pou, por lavado de dinero del narcotráfico. Pero se da la circunstancia de que el Senado es el principal bastión institucional del menemismo, donde los legisladores leales al ex presidente son mayoría y, por tanto, disponen de la capacidad de bloquear leyes.

Menem ha recibido en las últimas horas la solidaridad de los principales caudillos (barones) regionales del peronismo, incluidos sus principales adversarios, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, quien no oculta sus esperanzas de disputar la presidencia del país.

Falsedad ideológica

De manera sorprendente, el fiscal Stornelli emitió el martes por la noche un dictamen en el que pide que el juez que instruye la causa de las armas, Jorge Urso, cite a declarar a Menem en calidad de sospechoso de dirigir una asociación ilícita y por la falsedad ideológica de los tres decretos que permitieron el desvío de 6.500 toneladas de material militar a Croacia y Ecuador.

Los decretos llevan la firma del ex presidente. El juez podría ordenar su detención incluso antes del interrogatorio, como hizo en el caso de Emir Yoma, cuñado de Menem, detenido desde hace 20 días en la Gendarmería de Campo de Mayo. El delito de jefe de una asociación ilícita no es excarcelable y tiene una pena que oscila entre cinco y 10 años de prisión.

El juez también puede rechazar la petición del fiscal o citar a Menem para declarar sólo por falsedad ideológica, que es un delito excarcelable. La primera opción no evitaría la más que probable citación de Menem, ya que el fiscal recurriría ante la Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, cuyos miembros emitieron recientemente un fallo en el que recordaban al juez Urso la necesidad de investigar a las más altas autoridades del Gobierno anterior. En otras palabras, si el juez no cita a declarar a Menem, lo hará el tribunal porteño.

Declaró por escrito

En 1996, Menem declaró como testigo, pero en aquella ocasión lo hizo por escrito. Únicamente respondió sobre una reunión del Gabinete del 18 de marzo de 1995, en la que habría ordenado una investigación al procurador de la nación sobre los teletipos que alertaron de la venta ilegal de armas a Ecuador. En septiembre de 2000 volvió a declarar por escrito ante el juez Julio Speroni.

El fiscal también ha pedido que sean citados el general Martín Balza, ex jefe del Ejército, y Antonio Erman González, ex ministro de Defensa, a quienes acusa de ser los organizadores de la red ilícita que llevó a cabo el tráfico ilegal de armas, y al actual embajador de Argentina en Estados Unidos, Guillermo González, por falsedad ideológica y supuesto miembro de la asociación ilegal. Sin embargo, no menciona en su dictamen a Domingo Cavallo, quien también firmó los tres decretos de las armas en su calidad de ministro de Economía del Gobierno de Menem. Los seguidores del ex presidente ven en esta ausencia un indicio de lo que consideran una conspiración contra su jefe.

'Ha llegado la hora de las explicaciones', dijo ayer Stornelli al dar cuenta de su decisión, en la que, según todos los indicios, ha tenido gran peso la declaración de Luis Sarlenga, ex interventor de Fabricaciones Militares, de donde salieron las armas vendidas ilegalmente.

Menem está hoy más cerca de seguir los pasos de otros presidentes latinoamericanos con problemas con la justicia por corrupción, como Carlos Andrés Pérez (Venezuela), Carlos Salinas de Gortari (México), Fernando Collor de Melo (Brasil) y Alberto Fujimori (Perú). Pero el ex presidente argentino no irá a la cárcel, sea cual sea la decisión del juez, por tener más de 70 años.