El nuevo presidente deberá acabar con la corrupción y reactivar una economía hundida

Analistas, empresas encuestadores y ciudadanos en general han puesto de manifiesto a lo largo de la campaña electoral el escepticismo y la enorme desconfianza de la sociedad peruana en su clase dirigente. La forma en que se desmoronó el régimen de Fujimori y la amplia la red de corrupción tejida por su asesor y jefe del servicio de inteligencia, Vladimiro Montesinos, supuso un durísimo golpe para la credibilidad de los políticos, de la que ningún partido se ha recuperado plenamente. A ojos de la opinión pública, nadie está hoy libre de sospecha.

El alto porcentaje de indecisos y de quienes confiesan que no confían en ninguno de los candidatos en estas elecciones abona la tesis de aquellos que proponían, sin éxito, un mandato más largo para el Gobierno provisional, que se ha caracterizado por su eminente carácter técnico y por actuar al margen de las rivalidades partidistas.

El Ejército y el poder judicial, que en la última década fueron utilizados con fines abiertamente antidemocráticos, reclaman una urgente y profunda transformación. No pueden repetirse escenas como las que han sido difundidas en vísperas de las elecciones en varios vídeos, en los que se ve a más de cuatrocientos oficiales de las Fuerzas Armadas reunidos en un acto solemne, desde coroneles a generales y almirantes, para firmar hace apenas dos años un compromiso de lealtad y sumisión al golpismo y a la impunidad para las violaciones de derechos humanos. Por 'prudencia y responsabilidad', el Gobierno provisional ha ratificado en sus puestos a los actuales comandantes en jefe, que estamparon su firma en aquel documento. Pero ha quedado de manifiesto que un Gobierno democrático no puede ni debe confiar en unos mandos militares, y no sólo la cúpula, que hasta fecha reciente rendían pleitesía al hoy fugitivo Montesinos.

El Gobierno de transición ha dejado sin efecto aquellas medidas que permitían la injerencia del poder oculto en la judicatura, ha destituido a los más connotados peones del ex jefe de inteligencia en el poder judicial y ha restituido a los magistrados del Tribunal Constitucional que fueron destituidos arbitrariamente por Fujimori. Pero queda mucho por hacer en el terreno de la justicia, empezando por los vocales de la Corte Suprema y siguiendo por la aprobación de una Constitución democrática.

El nuevo presidente heredará una situación económica que se ha convertido en poco menos que inmanejable a partir de que Fujimori decidiera presentarse a una segunda reelección. En el terreno económico han sido dos años perdidos. Ahí están las consecuencias: recesión (variación del PIB del -2,1% en el primer bimestre), dos millones de desempleados (8%) y 11,2 millones de subempleados (43%), 14,1 millones de pobres (54,1%) y una deuda externa equivalente a 3,6 billones de pesetas.