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Editorial:

Sarcasmo de ley

Que un un policía municipal condenado a seis años de prisión por pasar información a ETA pueda volver a actuar como policía, con o sin pistola, en un ayuntamiento en el que más de la mitad de sus 27 concejales son considerados 'objetivos legítimos a eliminar', supera lo tolerable por muchas vueltas que se le quieran dar a su expediente. Está, por tanto, plenamente justificada la irritación suscitada por la noticia de que Patxi Añorga, tras cumplir su condena por colaboración con ETA, había obtenido el reingreso en la Guardia Municipal de San Sebastián.

Ha dicho el alcalde, Odón Elorza, que hay fórmulas para hacer compatible la aplicación de la ley, que ampararía la pretensión de Añorga, con la lógica, que exige impedir que regrese a la policía. Más vale que las encuentre, porque si no deberá responder de la negligencia de haber impedido la expulsión de Añorga de ese cuerpo, como pudo haber hecho. El consejero vasco de Interior ha recordado que existen antecedentes, en aplicación de la Ley de Policía aprobada por el Parlamento de Vitoria, de expulsión de ertzainas condenados por hechos similares. La ley es de aplicación también a las policías locales. De las varias posibilidades de sanción disciplinaria posibles, el alcalde firmó en 1997 una resolución por la que se suspendía a Añorga por cuatro años, rechazando la expulsión que había propuesto el instructor del expediente administrativo.

Sin una evidencia clara de alejamiento de la violencia, permitir el regreso al servicio de un confidente de ETA supone, como mínimo, una imprudencia. Ha dicho Elorza que hay que tener en cuenta el contexto del momento. Lo cierto es que la resolución firmada por el alcalde donostiarra, con la suspensión temporal del guardia, lleva fecha de 26 de diciembre de 1997. Por aquel entonces la organización terrorista había asesinado a los concejales del PP Gregorio Ordóñez (del Ayuntamiento de San Sebastián), Miguel Ángel Blanco y Luis Caso. Y, desde luego, ni había tregua ni se la esperaba. El contexto obligaba precisamente a extremar la precaución. Entre otras cosas, a consultar la decisión, con independencia de que la responsabilidad final fuera del alcalde, con los concejales de las otras formaciones, y en particular del PP, al que pertenecían esos concejales asesinados. Quien tomó la decisión debió haber previsto entonces los efectos de la misma. El voluntarismo es imprudencia negligente cuando está en juego la seguridad de las personas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de marzo de 2001