Responsables del lino
Las autonomías de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura han logrado permanecer en un segundo plano en todo lo referente al escándalo por el fraude del lino. Pero la oficina antifraude de la Unión Europea acaba de ponerlas bajo los focos, en la primera línea del escenario. En un informe remitido a la Audiencia Nacional, las considera el punto más débil en el proceso de vigilancia administrativa sobre el buen uso de las subvenciones europeas destinadas al cultivo del lino.
El Partido Popular ha saltado de gozo felicitándose por su proceder en la comisión parlamentaria que rechazó la existencia de una trama de cazaprimas en el Ministerio de Agricultura y que exculpó a la ex ministra Loyola de Palacio de cualquier responsabilidad política en el asunto. Pero que las comunidades autónomas tengan su cuota de responsabilidad no exonera de la suya a otras instancias dependientes del Gobierno. El informe no se olvida del papel desempeñado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), coordinador de los controles de las ayudas europeas al lino, a cuyo frente se encontraba el subsecretario de Agricultura cuando estalló el escándalo.
El capítulo de las responsabilidades políticas no sólo no se cierra con el informe de la UE, sino que se amplía. A las exigibles al Gobierno por mantener en Agricultura y otras instancias administrativas cargos públicos relacionados con el negocio del lino se añaden ahora las de los dirigentes de las autonomías afectadas. No sólo el socialista José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, sino el popular Juan José Lucas, que lo era de Castilla y León durante los años del fraude y es hoy ministro de la Presidencia. No son menos, sino algunos más, los que hoy deben responder políticamente por un fraude que puede costarle al contribuyente español entre 2.000 y 10.000 millones de pesetas, según las primeras estimaciones hechas por el juez Garzón en el sumario abierto por este asunto.
Es posible que esta importante cantidad pueda recuperarse tras el proceso a los 42 directivos de empresas transformadoras -entre ellos, un alto cargo del Gobierno-, a los que se acusa de haber inflado artificialmente su capacidad de transformación para lograr mayores ayudas europeas. Pero, de momento, corresponde al Gobierno responsabilizarse de la devolución de ese dinero. Y es al Gobierno, y sólo a él, al que la Comisión Europea ha pedido explicaciones por la existencia del fraude.
