La autonomía y la propiedad de la tierra, puntos clave del desacuerdo
La definición de los conceptos 'pueblo', 'territorio' y 'autonomía' contenidos en el proyecto de ley sobre derechos y culturas indígenas, redactado hace cinco años por la parlamentaria Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), es el punto más complicado de una iniciativa que, de ser aprobada, enmendará la Constitución. Los cambios en la Carta Magna afectarían a 10 millones de indígenas agrupados en 57 etnias, el 10% de la población total de México.
El proyecto de ley tradujo los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, firmados en 1996 por delegados del Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-diciembre del 2000) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El Ejecutivo, sin embargo, objetó varios artículos del proyecto de ley que, en su opinión, desvirtuaban el espíritu de los acuerdos y podían franquear el paso a reclamaciones independentistas, o causar conflictos civiles por la posesión de tierras. Los zapatistas denunciaron burla e incumplimiento y se retiraron de las negociaciones.
Las imprecisiones técnico-jurídicas sobre los límites de la autonomía y de la autodeterminación, sobre demarcaciones territoriales, o sobre los usos y costumbres como referente legal en las comunidades indígenas, enfrentan todavía a ambas partes. Los defensores del proyecto argumentan que los Acuerdos de San Andrés, recogidos en el documento de la Cocopa, establecen como marco de todos los usos y costumbres el respeto de las garantías y los derechos individuales fijados en la Constitución.
Por su parte, los adversarios señalan vacíos que pueden ser llenados por interpretaciones diferentes. Mencionan como ejemplo la posibilidad de que los indígenas reclamen como propias tierras que hoy son propiedad de mexicanos no indígenas. Los derechos individuales, protestan, se subordinan a los comunitarios. Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAN), sostuvo que es una contradicción plantear la autonomía, y por otra parte restringirla con normas demasiado apegadas a la Constitución.
