La Generalitat subvenciona a los colegios privados más elitistas de Cataluña

La Generalitat de Cataluña ha conseguido, 20 años después de recibir las competencias en materia de educación, financiar prácticamente todo el sector educativo privado, incluidos numerosos centros de élite. Estos colegios no son gratuitos, como establece la ley, sino que cobran mensualidades de hasta 100.000 pesetas a través de fundaciones, de modo que legalmente se consideran donaciones voluntarias de las familias. El departamento de Enseñanza destina a subvencionar la escuela privada más de 100.000 millones de pesetas, el 25% de su presupuesto.

El modelo de concierto educativo lo instaura la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), de 1985. La Administración se hace cargo de la nómina del profesorado y de una cantidad -no muy elevada- en concepto de gastos de mantenimiento. Según todos los expertos, incluso los contrarios a este modelo, esta fórmula no garantiza la gratuidad de la enseñanza que la ley exige a los centros concertados, por lo que las irregularidades son norma, aunque, por lo general, las aportaciones económicas que piden a los alumnos se mantienen en cifras razonables; en cualquier caso lejos de lo que cobran las escuelas realmente privadas.

Cataluña, sin embargo, ha ido más lejos y ha creado un modelo propio. En parte por razones históricas, la escuela privada ha tenido una presencia superior a la del resto de España. La concertada representa actualmente el 42% del total, mientras que la media española apenas alcanza el 30%. Desde que recibió las competencias en Educación, la Generalitat ha aplicado una política destinada a integrar a este sector, pero los últimos titulares de Enseñanza no se atrevieron a dar el paso de concertar a las escuelas de élite, a las que negaron reiteradamente la subvención alegando que no cubrían necesidades de escolarización. La consejera Carme Laura Gil ha dado el paso definitivo, que supone la consolidación de un modelo dual por el que los colegios de élite se integran en la red pública en cuanto a financiación, pero mantienen la selección de su alumnado por medio, básicamente, de mensualidades al alcance tan sólo de muy pocos bolsillos.

Los siete nuevos centros a los que Enseñanza ha otorgado financiación para el curso que viene muestran el tipo de escuelas que se benefician del dinero público en Cataluña. La Saint Paul's School, situada en el exclusivo barrio de Pedralbes, en Barcelona, cobra mensualidades de cerca de 100.000 pesetas al mes. Para obtener el concierto, este centro, que ofrece enseñanza en inglés, no dudó en catalanizar su nombre por el de Sant Pau. No necesitaron cambiar su nombre los tres colegios de la red del Opus Dei: La Farga y Viaró -sólo para niños- y La Vall -para chicas-, con mensualidades en torno a las 80.000 pesetas, ni el centro Pere Verges, situado en la urbanización de lujo Mas Ram, de Badalona, que acaba de pedir a sus clientes una derrama a fondo perdido de 140.000 pesetas, ni el colegio Sil y el Súnion de Barcelona.

Gratuidad para los ricos

'Tan gratuita debe ser la escolarización obligatoria para una familia rica como para una pobre', dijo en respuesta a las críticas la consejera de Enseñanza, que justificó estos conciertos argumentando que 'si hay un centro privado que tiene todos los requisitos que exige la ley, no se le puede negar el concierto'. Gil admitió incluso la legalidad del sistema de cobro de estos centros a base de recibos procedentes de una fundación. 'Si algún centro privado tiene una fundación y le dicen al padre que haga una aportación voluntaria, nosotros no podemos hacer nada', dijo. La titular de Enseñanza cree que 'la LODE dice que si la concertada tiene una ratio entre alumnos y profesores igual a la media de lo que hay en la pública, tienes que darle el concierto'.

Según Carles Martínez, del sindicato USTEC-STEs, el de mayor implantación en la escuela pública de Cataluña, esto es totalmente erróneo. La LODE no entra en este punto, explica, y sí dice que 'tendrán preferencia para acogerse al régimen de concierto aquellos centros que satisfagan necesidades de escolarización, que atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o que, además de cumplir alguno de los requisitos anteriores, realicen experiencias de interés pedagógico'. Según Martínez, la ley deja bien claro que el régimen de conciertos 'implica, por parte de los titulares de los centros, la obligación de impartir gratuitamente las enseñanzas objetivo de éstos' y que 'las actividades escolares, tanto docentes como complementarias o extraescolares y de servicios no podrán tener carácter lucrativo'.

USTEC-STEs ha decidido proceder legalmente contra estos conciertos por considerar que incumplen las condiciones de gratuidad a las que obliga la ley. 'Resulta inadmisible que los centros de los ricos los paguemos entre todos y que los pobres no tengan acceso', asegura Martínez.