Argentina endurece las leyes para frenar la inseguridad

El Gobierno y la oposición de Argentina dieron ayer un paso para endurecer la legislación al enterrar en la Cámara de Diputados la controvertida ley del dos por uno, que computaba doble el tiempo de detención de aquellos reclusos que llevaban más de dos años en la cárcel sin haber recibido una sentencia en firme. La norma permitió la excarcelación de un elevado número de presos -unos 15.000 sólo en la provincia de Buenos Aires- que, en varios casos, emprendieron nuevamente el camino del delito. La medida, considerada más electoralista que eficaz por juristas y académicos, es la primera respuesta a la inseguridad ciudadana, que, según las encuestas, encabeza las preocupaciones de los argentinos.

Con el cambio introducido se mantiene el plazo de dos años, prorrogable a un tercero, para la prisión preventiva sin sentencia, pero dichos plazos no se computarán si ya se ha dictado una sentencia en primera instancia. Es decir, en este caso el preso no podrá reclamar la libertad. Tras dos semanas de discusiones, la Alianza gubernamental (radicales y Frepaso) y las principales fuerzas de la oposición (Partido Justicialista y Acción por la República, del ex ministro Domingo Cavallo) acordaron la derogación de los artículos 7 y 8 de la ley 24.390, conocida popularmente como la del dos por uno. Ahora sólo queda la ratificación del Senado, donde no se esperan sospresas, ya que el Partido Justicialista, promotor de la derogación, tiene una cómoda mayoría.

Ante la proximidad de las elecciones parciales del próximo mes de octubre, los partidos políticos tratan de recuperar la credibilidad perdida ante cualquier envite. La ley, cuya derogación suscita tan amplio consenso, fue sancionada en 1994 por el primer Gobierno de Carlos Menem, cuando una serie de sangrientos motines en diversas cárceles conmocionaron Argentina. Paradojas de la política, desde que está en la oposición el partido de Menem ha encabezado la campaña por la derogación de la ley del dos por uno.

El diputado del Frepaso Ramón Torres Molina, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, indicó a EL PAÍS que con la medida aprobada ayer se sistematizan las penas que establece el Código Penal. En la ley del dos por uno, la pena que se fijaba estaba relacionada con la duración del proceso, con lo que se distorsionaba el sistema de penas', estimó. Torres Molina alerta ante el triunfalismo que puedan esgrimir algunos dirigentes políticos. 'Esto no soluciona ni tiene nada que ver con el problema de seguridad que vive el país', dijo.