La pluralidad del campo andaluz

La reforma agraria fue uno de los factores más importantes en la vida y muerte de la II República. Y cuando en los años treinta se hablaba de reforma agraria todos los ojos miraban a Andalucía. La Universidad de Jaén ha lanzado una edición en facsímil con las actas del II congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), celebrado en Madrid en 1932. Este congreso constituye un punto de obligada referencia en la historia del socialismo agrario en España y, muy especialmente, en Andalucía, que en aquella época acaparaba un tercio de todos los afiliados del sindicato.

Los profesores Salvador Cruz Artacho, Francisco Cobo Romero y Manuel González de Molina han dirigido una investigación que trata de explicar el problema agrario durante el marco reformista del primer bienio republicano y su repercusión en años posteriores.

La aguda crisis agraria abierta tras el verano de 1930, especialmente visible en Andalucía con cerca de 100.000 trabajadores agrícolas en paro (12% de la población obrera), reactivaba la cuestión agraria y el problema del hambre en un discurso socialista, ya articulado a través de la recién constituida FNTT, en el que terminaba identificándose aquél con el tema del latifundio y con la necesidad de la transformación del régimen jurídico de la propiedad de la tierra.

El profesor Cruz Artacho lamenta, no obstante, la imagen un tanto estereotipada que se daba de la Andalucía de aquella época. 'Aún siendo cierto que había latifundios y señoritos, Andalucía era mucho más plural desde el punto de vista de la estructura de la propiedad y de los sistemas de explotación, también había pequeños propietarios y arrendatarios', asevera.

La persistencia en el discurso socialista de la equiparación del problema agrario con el supuesto atraso de la agricultura española propició en el seno del socialismo andaluz, según apuntan los autores de esta investigación, 'un marcado sesgo projornalero en sus estrategias y reivindicaciones agrarias'.

La reforma agraria acabó siendo entendida, ya en la II República, como puro instrumento legislativo cuya finalidad de alteración de la estructura de la propiedad de la tierra se conseguía a través de la disolución de las grandes propiedades latifundistas y de la lucha contra el supuesto absentismo patronal y el carácter semifeudal de la agricultura en extensas zonas del sur de España. Esos principios se aplicaban en detrimento de otros temas como la reconstrucción del patrimonio comunal, el régimen jurídico de los arrendamientos o la pequeña propiedad.

Para Cruz Artacho, la reforma agraria 'fue entendida como arma política con la que conseguir adhesiones y colaboración con la República en colectivos sociales -los jornaleros, fundamentalmente- tradicionalmente caracterizados por sus actitudes exaltadas y prorrevolucionarias'. Todo ello se notó en el incremento de la afiliación ugetista en Andalucía, que en 1932 aportaba un tercio de toda la afiliación de la FNTT. Las provincias de Jaén (32.633 afiliados), Málaga (21.120) y Córdoba (21.003) -probablemente las zonas de mayor predominio latifundista- acaparaban el 59,51% del total de la masa sindical agraria en Andalucía.

En este contexto cabe situar algunas propuestas sobre orientación sindical como la presentada en el congreso de la FNTT por la sección de Obreros Agricultores de Castellar (Jaén) instando a una estrecha colaboración con el PSOE en actuaciones políticas 'al objeto de llevar al congreso y ayuntamientos el mayor número de representantes'. No obstante, la mayor parte de las proposiciones presentadas en el congreso ugetista de 1932 versaban sobre la petición de obras públicas como medida de choque contra la crisis de trabajo.

Destacables resultan también las propuestas realizadas al congreso desde las agrupaciones andaluzas, como la de los representantes de Baza (Granada) pidiendo la nacionalización de las minas y las fábricas, la prohibición de la maquinaria agrícola mientras hubiera trabajadores en paro (Puente Genil, Córdoba), la creación del subsidio de paro forzoso para los obreros agrícolas (Porcuna, Jaén), el establecimiento de la jornada laboral agraria en seis horas (Torredelcampo, Jaén), los arrendamientos colectivos (Villacarrillo, Jaén), la creación de los bancos agrícolas (Villamanrique, Cádiz) o la promulgación de leyes contra el caciquismo (Santiago de la Espada, Jaén).

Para el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra, Juan Aguilar, 70 años después, muchos de esos planteamientos siguen teniendo una vigencia acorde con los tiempos actuales. 'Son el mejor reflejo de una estrategia sindical con visión de futuro que, como testaferros, nos obliga y nos compromete a continuar en su defensa', asegura Aguilar.