Un senador argentino pide a la Cámara que apoye la anulación de la amnistía

El senador del Partido Justicialista (PJ, peronista) Jorge Yoma, cuñado del ex presidente argentino Carlos Menem, ha presentado ante la Cámara alta un proyecto de declaración que, de aprobarse, expresaría 'el ferviente apoyo' del Senado al fallo emitido el pasado martes por el juez federal Gabriel Cavallo de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

'Con esta decisión', señala la propuesta, 'se rescata el principio de universalidad en la persecución penal de los delitos de lesa humanidad, se aporta una dosis de aire fresco a la justicia argentina -al descorrer el manto de olvido establecido por las leyes 23.492 y 23.521, llamadas de Obediencia Debida y Punto Final- y se afianza el sistema democrático, que no puede crecer sobre la impunidad de crímenes aberrantes'.

En los fundamentos del proyecto de declaración, Yoma estima que 'con sentencias como ésta, la justicia argentina le ha ganado al Parlamento en el camino de dar respuesta al reclamo social de poner fin a las situaciones de olvido e impunidad construidas al amparo de la legislación cuestionada'.

El proyecto constituye el mayor espaldarazo que ha recibido hasta ahora la decisión del juez Cavallo de declarar nulas las leyes que en los últimos 15 años han otorgado impunidad a más de mil militares implicados en violaciones de derechos humanos durante la última dictadura. La actitud del senador Yoma está en sintonía con la expresada el día anterior por el jefe del grupo parlamentario del Partido Justicialista, Humberto Roggero. Esta posición no es unánime en las filas del peronismo, donde dos pesos pesados del partido como Carlos Ruckauf, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, se han distanciado ostensiblemente del fallo judicial.

En círculos políticos y de la judicatura hay gran expectación por el camino que seguirá el recurso contra el fallo del juez, a medida que crecen los rumores de que la Corte Suprema decidirá reclamar el expediente a través de un per saltum, pasando por encima de la Cámara Federal y de la Corte de Casación, a quienes corresponde examinar y decidir sobre la apelación.

El Gobierno de Fernando de la Rúa no ve con malos ojos esta opción, con la esperanza de que ello pudiera servir para revocar la decisión del juez Gabriel Cavallo.