Extremadura espera recaudar hasta 5.000 millones al año con su impuesto a los bancos
La Junta de Extremadura anunció ayer que la recaudación dependerá del pasivo captado. La tarifa será variable. Para las entidades cuyo pasivo sea inferior a 150 millones de euros (24.958 millones de pesetas), se aplicará una tasa del 0,3%. Entre 150 millones de euros y 1.200 millones de euros (199.663 millones de pesetas), la tarifa se irá incrementando hasta el 0,6%, que será lo que pagarán los que superen esta última cifra.
El impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito se basa en distintos preceptos estatutarios y en su relación con el artículo 157 de la Constitución, según la Junta. El anteproyecto aprobado ayer por el Ejecutivo extremeño se apoya fundamentalmente en el artículo 57.b del Estatuto de Autonomía de Extremadura, que señala que para el ejercicio de sus competencias, la Hacienda de Extremadura dispondrá de sus propios tributos y precios públicos, y en el artículo 61.5, que permite a la región, dentro de las normas generales del Estado, adoptar medidas que posibiliten la captación y afirmación del ahorro regional.
Sin embargo, la Junta adelanta que cuantas más sucursales tenga un banco 'menos se paga', pues existe una deducción de 5.000 euros (831.000 pesetas) por sucursal abierta. En la actualidad, los bancos cuentan en Extremadura con 1.036 oficinas, de las que 556 están en Badajoz y 480 en Cáceres. 'Lógicamente quien está más implicado y lleva la carga de empleo y de los servicios cercanos al ciudadano tiene más oficinas y eso tiene que repercutir en la deducción', matizó el consejero de Economía, Manuel Amigo.
El impuesto afectará a todas las entidades financieras que operan en Extremadura, excepción hecha del Banco de España, Banco Europeo de Inversiones y las secciones de crédito de las cooperativas. Las cajas de ahorro no se excluyen, aunque Rodríguez Ibarra ya adelantó que no serán gravadas 'porque no tienen accionistas y los recursos que generan los emplean en la obra social'. De hecho, la norma contempla que será deducido del impuesto 'lo que se destine a obras y servicios de interés regional y que apruebe la Administración regional'.
El responsable de la economía extremeña dejó claro que la decisión del Ejecutivo de poner en marcha este impuesto no es fruto de una decisión espontánea, sino muy calculada, con estudios previos de constitucionalidad: 'Es un trabajo de mucho tiempo para que pueda serle útil a la sociedad extremeña', dijo Amigo, rechazando que detrás del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito hubiera una caza de brujas hacia los bancos. 'En modo alguno debe entenderse como un ataque o una afrenta contra las entidades financieras, sino como una contribución al desarrollo regional', puntualizó. Cuando trascendieron las intenciones de la Junta, el sector bancario consideró que la normativa era inconstitucional.
En declaraciones a Efe, el presidente de Caja Badajoz, José Manuel Sánchez Rojas, aseguró que el impuesto 'es viable desde el punto de vista legal' y que con su aplicación la Junta 'es coherente' con la política fiscal que ha ejecutado en Extremadura para generar recursos propios.
La filosofía de la futura ley es radicar en Extremadura parte del ahorro regional vinculándolo al desarrollo de la comunidad autónoma 'y por eso son sujetos pasivos del impuesto las entidades que capten pasivo en nuestra comunidad autónoma'. Rodríguez Ibarra lo expresó de una forma contundente cuando anunció la medida el pasado 21 de febrero: 'Hay que sacar el dinero de aquel que lo tiene'. Según el Banco de España, en el tercer trimestre de 2000 los bancos que operaban en Extremadura habían captado 579.688 millones de pesetas (3.484 millones de euros) frente a los 738.421 millones de pesetas (4.438 millones de euros) de las cajas de ahorro.
