El arte después de las privatizaciones

El Gobierno se propone comprar, mediante dación por pago de impuestos, obras de la Colección Telefónica que quedó en manos de la empresa con su total privatización en 1997. Desde entonces, el precio de algunas piezas se ha triplicado. El destino de aquel patrimonio, junto con el de Argentaria y Tabacalera, comprados en parte con dinero público o con servicios públicos en régimen de monopolio, sigue generando hoy una viva polémica en el Parlamento. Los consejeros autonómicos acaban de pedir una ley para que las colecciones de empresas privatizadas o privatizables -caso de Correos, AENA y Paradores Nacionales- pasen a formar parte de organismos de titularidad pública, central o autonómica.

Un óleo de Gris de pequeñas dimensiones se vende hoy en Londres por 269 millones de pesetas

En 1985, el entonces presidente de Telefónica, Luis Solana, recibió la recomendación del Gobierno socialista de invertir en arte. El Estado poseía entonces un 40% del accionariado. 'Se definió que lo que queríamos era una colección y fijamos aquellos autores que no estaban presentes en los museos públicos para que fuera un complemento real', recuerda Solana. 'Telefónica hizo la colección con lo que le interesaba al Estado', subraya.

Fue la galerista Nieves Fernández quien compró para Telefónica una magnífica colección integrada por 95 obras de Juan Gris, Eduardo Chillida, Luis Fernández, Antoni Tàpies y dibujos de Picasso. Su precio apenas superó los mil millones de pesetas. En el proceso de privatización total de la compañía, el Reina Sofía recomendó rescatarla para el patrimonio público. Se valoró entonces en 2.559 millones. El museo justificó la petición por su 'calidad y representatividad' a nivel nacional e internacional, también en el contexto de la producción de los autores y, por último, por la 'dificultad física o económica para adquirir actualmente en el mercado piezas semejantes'.

En estos momentos, un lienzo de Gris de reducidas dimensiones, El limón (55 por 38 centímetros), se vende en una galería de Londres por 1,5 millones de dólares (unos 269 millones de pesetas), informan en la galería de Nieves Fernández. La Colección Telefónica depositada en el Reina Sofía dispone de 12 obras de Gris. El pasado jueves, Cultura confirmó que la colección no estaba inventariada como bien de interés cultural en el registro pertinente de la Comunidad de Madrid. Ello supone que al día siguiente de vencer el convenio con el Reina Sofía podría ser exportada.

Solana acordó con el Gobierno en 1985 que 'la colección completara a las estatales y que estuviera a disposición del Estado'. Pero no se desarrolló ningún reglamento que salvaguardara la titularidad frente a una futura privatización. 'En aquellos momentos ni se soñaba con una privatización total', asegura Solana, y recuerda que 'el Estado ha recibido ya parte de las plusvalías generadas por la obra'.

Tras el paquete que privatizó el Gobierno socialista, el Gobierno popular culminó el proceso en 1997 -el 21% del accionariado-. Tampoco se hizo una segregación previa, ni se negoció una donación o una dación, en contra de los criterios museísticos y de las reiteradas demandas políticas. 'No se pudo negociar otra fórmula', 'era jurídicamente muy complicado al ser empresas semiprivatizadas', 'el momento era muy malo y las empresas estaban en posición muy fuerte', dicen hoy algunos de los actores de aquella negociación. Para otros se trató de una pura operación de liquidez en un momento decisivo para cumplir los objetivos de Maastricht.

A unos meses de vencer el convenio de depósito en el Museo Reina Sofía (el 4 de noviembre de 2001), el Ministerio de Cultura retoma los criterios que en su día le fueron recomendados. 'Lo que se va a hacer es intentar que en lugar de pagar el impuesto de sociedades, Telefónica ceda un juangris, por ejemplo, y así consolidar las colecciones públicas', avanza Luis Lafuente, subdirector general del Patrimonio Artístico. El pasado 8 de febrero, el museo solicitó oficialmente a la compañía 'la prórroga del convenio o la firma de otro en las mismas condiciones, con independencia de que se pueda producir una dación en pago', informan en el Reina Sofía.

En febrero de 1997, el entonces director del Reina Sofía, José Guirao, recomendó negociar la incorporación de la obra al museo mediante un acuerdo de 'diez años o similar por el sistema de dación, teniendo en cuenta para todo el periodo las valoraciones actuales de dichas obras'. A Cultura le costará recuperarlo mucho más caro que en 1997 porque su intención, declarada por Lafuente, es 'negociar a precio de mercado. No nos queda otro remedio', dice.

Casi una docena de interpelaciones parlamentarias -la última del PSOE hace dos semanas-y las solicitudes reiteradas de las autonomías muestran que la privatización cultural se cerró en falso. Aun admitiendo la dificultad jurídica, el propio PP reconoció los derechos morales a recuperar la obra. 'Son empresas que, a pesar de lo complejo de su propiedad, han logrado este patrimonio, en principio, con fondos y actividades públicas o también en régimen de monopolio. Por tanto, parece de justicia, y así se acepta, que revierta a la sociedad algo que de ella ha partido', decía en el Congreso la diputada popular Beatriz Rodríguez Salmones el 6 de mayo de 1997. Pocos días antes, el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, declaraba que el Gobierno tenía interés 'en que todas las colecciones artísticas que estén en manos de empresas públicas que vayan a ser privatizadas pasen a ser propiedad del Estado'.

El discurso cambió a la velocidad del rayo. En cumplimiento de mandatos parlamentarios, los directores generales de Cultura de las autonomías acuerdan en 1998 en el seno del Consejo del Patrimonio establecer criterios para la distribución de las obras resultantes de la privatización. Un año después, asumen que las colecciones son consideradas 'activos y por tanto pasan a formar parte del patrimonio de las empresas privatizadas, según el criterio de los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y Hacienda, compartido por todos los miembros del grupo de trabajo'. Así consta en una nota proporcionada por la Generalitat catalana.

El discurso de Rato se fue transformando en el de Miguel Ángel Córtes, secretario de Estado de Cultura en 1998, que lo reinterpreta: 'Consideramos que lo que es esencial es que esas obras sean accesibles al público y con esto, lo que dijo el vicepresidente segundo del Gobierno, hablando también en nombre del presidente, se cumple', dijo en el Congreso un 7 de mayo. Por esas fechas, para el secretario de Estado la titularidad de la obra era 'accidental', o 'adjetiva'. La solución gubernamental fueron los convenios. La entonces ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, firmó con Telefónica un contrato-comodato para el depósito de la colección por cuatro años en el Reina Sofía. El transporte, conservación y seguro corren a cargo del museo. Telefónica se reserva el derecho a organizar con esta obra exposiciones dentro o fuera de España, cosa que no podrá hacer el museo. En la práctica ha sido menos estricto.

Tabacalera y Argentaria

Con la colección de Tabacalera -el Estado vendió su participación del 53% en 1998- se acordó depositar por cinco años dos cuadros de Goya en el Archivo de Indias en Sevilla, además del archivo de Tabacalera. 'El resto de la colección sigue estando en la empresa, en salas o despachos', informan desde Altadis, la propietaria actual. En el informe que hizo el Museo del Prado en septiempre de 1996 a petición del Gobierno, se pedían para la colección permanente del Prado los dos retratos de Goya (el del rey Carlos IV y el de María Luisa de Parma), además de otras dos obras de la escuela flamenca y una de Gonzalo Bilbao. Se señalaban otras piezas clásicas para su destino en otros museos públicos.

Con la colección de Argentaria -el último 26% se privatizó en 1998- se optó por firmar convenios de dos años para exposiciones itinerantes. El primero se desarrolló en Málaga, Zaragoza y Valladolid. Argentaria y el ministerio asumieron a partes iguales los seguros y el transporte, lo que a Cultura le supuso 3,4 millones de pesetas en dos años. Actualmente se negocia un segundo acuerdo.