Gobierno al agua

Decenas de miles de manifestantes salieron ayer a la calle en Barcelona para protestar contra lo que consideran un expolio de las comarcas del sur de Cataluña. Expolio por el proyecto de Plan Hidrológico Nacional, que contempla que las zonas sin agua del resto de España la obtengan sólo del Ebro y porque en ese sur sólo se instala lo que el resto de Cataluña rechaza. De ahí, donde hay dos centrales nucleares, sale más del 70% de la energía eléctrica que se consume en Cataluña y se proyecta otra central eléctrica, esta vez de ciclo combinado, así como instalaciones eólicas.

El PHN prevé trasvasar 1.050 hectómetros cúbicos anuales del Ebro y sólo del Ebro: 200 irían al norte, para servir a Barcelona y su región metropolitana; el resto viajaría hacia el sur, hasta Almería. Las respuestas a esta propuesta han sido variadas. Al inicio, el consejero catalán de Medio Ambiente, Felip Puig, saludó el plan como un gran acontecimiento y sólo cuando se oyeron las críticas habló de negociación y presentó unas alegaciones que el Gobierno del PP ha ninguneado, como suele hacer con sus semisocios de CiU desde que no les necesita más que como adorno.

Algunas enmiendas tienen sentido, como las de diversificar la fuente del reparto del agua. El propio PHN reconoce la existencia de excedentes en las cuencas del Tajo y del Duero, que quizá podrían abastecer a puntos del levante español. Tampoco sería mucho más caro abastecer Barcelona y otras ciudades con el agua del Ródano, mediante un trasvase de 300 kilómetros (la mitad de los 600 necesarios para llevar agua del Ebro hasta Almería). Todo esto reduciría la toma del Ebro hasta unos 500 hectómetros cúbicos. Los miles de voces que ayer protestaron en Barcelona, unidas a las que ya lo hicieron en Zaragoza, son otras tantas razones para que el Gobierno medite y reconsidere algunos aspectos del Plan Hidrológico.

Por su parte, el Ejecutivo catalán va dando tumbos. Si el consejero de Política Territorial, Pere Macías, calificó recientemente de 'retrógrados' a quienes protestaban, ayer Puig tomó nota de sus razones. Veremos si la calle acaba llegando al despacho: hace unos años, tras sendas protestas, el Ejecutivo de Jordi Pujol retiró sus planes de vertederos, también en Tarragona, y abandonó un proyecto de cementerio de residuos en Cardona. Y lo hizo cuando contaba con mayoría absoluta. En estos momentos, la coalición nacionalista se bate claramente en retirada. El suyo es un Gobierno caído al agua y al que le cuesta flotar.