Una cantera clandestina en Gallarta

Quejas verbales, por escrito, concentraciones e incluso un encierro en el Ayuntamiento. Al final, la lucha de diez años de tres vecinos del barrio de Gallarta, en la Margen Izquierda, se ha visto recompensada. Una sentencia del Tribunla Superior vasco ha declarado ilegal y 'clandestina' la actividad de la cantera de caliza Lancha que ha ido acercándose a sus viviendas hasta situarse a apenas 40 metros. Los efectos: grietas y fisuras a causa de las vibraciones de las voladuras.

El fallo confirma 'una situación increíble', en palabras de la abogada de los vecinos, el que una cantera lleve desde 1956 funcionando sin licencia de actividad, y corrobora las denuncias constantes de los ecologistas sobre este sector, en el que casi la mitad de las 62 explotaciones actuales carece de un plan de restauración, pese a que está regulado por la ley desde hace 17 años.

El tirón de orejas se extiende al Ayuntamiento vizcaíno de Abanto, al que pertenece Gallarta, que en 1996 conocía la carencia del permiso de actividad tras un informe de la Policía Municipal. Por ello, según consta en la sentencia, el consistorio exigió por dos veces en ese año a la empresa Hormigones Cavia, titular de la cantera, que solicitara la licencia, pero no obtuvo respuesta.

Paradójicamente, un acuerdo posterior de la comisión de gobierno, en abril de 1997, sostenía que una licencia de obras concedida en 1985 tenía el carácter de permiso de actividad, lo 'que resultaba contradictorio con el acuerdo de la comisión de gobierno de 26-4-96 en el que se requiere a la empresa para que solicite licencia de apertura de actividad. El requerimiento se reiteró el 20-12-96 sin constar respuesta de la empresa Hormigones Cavia', añade el fallo. El tribunal rechaza también la afirmación del Ayuntamiento -entonces dirigido por el PSE en coalición con el PNV; ahora con los socialistas en minoría- de su falta de competencia en dictar la clausura de la actividad, como han exigido desde hace cinco años los vecinos. 'La jurisprudencia se ha pronunciado de manera constante en considerar pertinentes las órdenes de clausura dictadas por las autoridades locales cuando las actividades mineras se lleven a cabo' sin licencia de actividad.

La sentencia desestima la indemnización de 7,6 millones pedida, debido a la colisión de competencias con el Gobierno vasco, órgano que autoriza las voladuras. Los vecinos pedirán ahora la paralización inmediata de la cantera y sugieren que hay prevaricación por el Ayuntamiento, cuyo alcalde, Juan José Mezcorta, no atendió ayer los requerimientos para dar su versión. 'Ha actuado sabiendo la absoluta ilegalidad de Cavia', dicen los vecinos.