Parálisis en reproducción asistida

Los profesionales que atienden al creciente número de parejas infértiles que hay en España (870.000, según la Sociedad de Ginecología) ven cómo el actual marco legal impide aplicar muchas de las soluciones que las técnicas de reproducción asistida ofrecen hoy día, a la vez que frena nuevas vías de investigación para perfeccionarlas.

Por ejemplo, un joven de 18 años con un linfoma de Hodking o un cáncer testicular que se va a quedar estéril por la quimioterapia a la que será sometido, decide congelar su semen antes de que eso ocurra con la intención de utilizarlo después, si se cura. Tal como está la ley, ese joven tiene que decidir sobre su descendencia y utilizar el semen antes de los 23 años con una fertilización in vitro (FIV) de su pareja, si la tiene.

La Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, aprobada en 1988, marca el límite de cinco años en la congelación de semen. Pero el perfeccionamiento de las técnicas en crioconservación ha llevado a que los profesionales reclamen una revisión de esta cuestión. 'No podemos lanzar el semen de un joven enfermo que sabemos que se va a quedar estéril y quitarle así la posibilidad que le ofrece la ciencia de decidir cuándo quiere ser padre', explica Lluís Basas, representante de la Sociedad Española de Andrología y Fertilidad en la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA), entidad que asesora al Gobierno en este terreno y que ya en su primer informe de 1998 recomendó la eliminación del artículo 11.1 para permitir la congelación de semen 'por tiempo indefinido'.

El resultado es que los centros de reproducción asistida se ven obligados a incumplir la legislación vigente porque ésta no da respuestas a los retos de la práctica clínica. Otro ejemplo: los centros de FIV acumulan entre 25.000 y 40.000 embriones congelados sin destino porque la ley no especifica qué hacer con ellos tras los cinco años de congelación permitidos. En esa situación están entre un 15% y un 20% de estos embriones. Legalmente, ni se pueden donar a parejas que los necesiten ni se pueden utilizar en investigación. Ante esta situación, y para no saturar más a los bancos, los ginecólogos proponen a las parejas que se vayan a someter a una fertilización in vitro que firmen un documento expresando su voluntad respecto al futuro de los embriones que sobren en el proceso. Este contrato, en el que la pareja puede dar su consentimiento para que se den en adopción, no está contemplado por la legislación vigente, aunque lo recomiende la CNRHA, y sólo tiene el valor de un acuerdo entre la pareja y el médico.

'Un Gobierno serio debería regular estas situaciones', apunta Antoni Venrell, representante de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología en la CNRHA, quien considera que 'los pactos con las parejas sobre el destino de sus embriones sobrantes debería estar especificado en la ley'.

Montserrat Boada, portavoz en esta comisión por el Consejo Nacional de Colegios de Biólogos, resume el sentir de muchos profesionales que trabajan en el centenar de centros de FIV que hay en España, en un artículo que recoge el libro Bioética 2000, recientemente editado y coordinado por Marcelo Palacios, ponente de la ley socialista de 1988: 'Una ley que en su momento fue pionera, moderna y progresista adolece ahora de falta de continuidad y desarrollo'. Boada, del Instituto Dexeus, asegura que los profesionales reclaman a la Administración soluciones urgentes 'ante problemas importantes que se generan con la práctica clínica diaria y ante la falta de adecuación de la ley a los nuevos avances técnicos'.

Cuestiones urgentes

Para Boada, el asunto más urgente es eliminar los límites temporales a la crioconservación de gametos y embriones, pero señala otros que impiden el progreso científico: la congelación de óvulos en centros de investigación controlados y la falta de un paraguas normativo que permita llevar a cabo experiencias en clonación terapéutica, tal como ya contempla el Reino Unido.

En este último punto, Marcelo Palacios, ex diputado socialista y ponente de la Ley de 1988, defiende a capa y espada las posibilidades del marco legal vigente, lo que le lleva a señalar que 'nada impide practicar hoy la clonación terapéutica en España'. Según Palacios, 'el artículo 17.2 de la ley es muy claro al respecto: 'Se permite la utilización de preembriones humanos no viables con fines farmacéuticos, diagnósticos o terapéuticos, previamente conocidos y autorizados'.

Pero la realidad es otra muy distinta y no hay ningún centro de investigación hoy en España que desarrolle esta técnica. El Ministerio de Sanidad y los propios juristas de su comisión asesora consideran que la clonación terapéutica queda al margen de la ley. Para el titular de la cátedra interuniversitaria de Genoma Humano del País Vasco y Deusto, Carlos Romeo Casabona, miembro de la CNRHA a propuesta del Consejo Interterritorial de Salud y firme defensor de una revisión global de la ley, 'la legislación española prohíbe la clonación, aunque no ésta no sería precisa si se realizara, con fines terapéuticos, a través de las nuevas técnicas que parten de células y no de embriones'.

Clonación sin embriones

La técnica de la clonación a partir de células y no de embriones está todavía en sus inicios. Según defiende Ana Veiga, miembro de la CNRHA por la Asociación para el Estudio de la Biología Reproductica (ACEBIR), 'es preferible partir de embriones para la clonación terapéutica porque éstos garantizan una mayor flexibilidad a la hora de conseguir tejidos compatibles que sirvan para curar enfermedades'.

Veiga, representante de los embriólogos españoles en la comisión asesora, se suma a la reclamación de revisar de forma global la ley, en su caso para que se elimine el límite de cinco años para la congelación de embriones. Esta limitación, según la bióloga del Instituto Dexeus, no da tiempo suficiente, por ejemplo, a parejas que han tenido un embarazo múltiple y que quieren mantener sus embriones para decidir más adelante futuras fertilizaciones in vitro y conseguir así más descendencia.

Respecto a la clonación con fines reproductivos, todos los científicos y juristas consultados, -así lo expresa el propio informe de 1998 de la comisión asesora del Ministerio de Sanidad- aconsejan modificar cuanto antes el artículo 161.2 del Código Penal, que prohíbe la clonación 'dirigida a la selección de raza', dejando un margen muy amplio para la clonación reproductiva, cuestión por la que nadie aboga.