Zapatero defiende un acuerdo basado en 10 puntos clave para la reforma

Después del pacto sobre el terrorismo propuesto por el PSOE y aceptado por el Gobierno, no ha habido posibilidad de alcanzar ningún otro, aunque el secretario general de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene la oferta de buscar un amplio acuerdo en inmigración y en justicia. A partir de ahora, los socialistas van a acompañar todas sus críticas al Gobierno con una propuesta alternativa. Zapatero lo hará siempre, aseguran en el PSOE, aunque ya sabe que el jefe del Ejecutivo, José María Aznar, no dejará por ello de repetir que la oposición carece de proyectos.

Es precisamente lo que Aznar hizo en la sesión parlamentaria del miércoles pasado, a pesar de que dos horas antes el portavoz del Grupo Socialista, Jesús Caldera, había presentado un anticipo de 50 respuestas a 10 problemas que el PSOE ha seleccionado como asuntos de especial gravedad.

El desarrollo de esas iniciativas supondrá 'el texto de cabecera' del PSOE en el actual periodo parlamentario, y en el apartado de justicia se enumeran 10 puntos que servirán de base de negociación con el Gobierno.

El PSOE apuesta por la consecución de un 'verdadero pacto de Estado por la justicia que evite que cada Gobierno de distinto signo lleve a cabo reformas que no sean compartidas en sus elementos básicos'. Los socialistas destacan como especialmente indeseable 'la tentación de no aplicar el Código Penal en lo referente a penas alternativas a la prisión'.

Deslegitimación

Ese pacto de Estado debe incluir 'la renuncia a la deslegitimación de la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial'. Pero además se apuesta por su reforma, porque ese órgano 'debe responder de su gestión ante las Cámaras que lo eligieron en todo lo relativo al ámbito de sus competencias de política judicial'.

Es más, la dirección socialista considera que 'la mera presentación de estadísticas en la memoria anual' del presidente del CGPJ es una nimiedad frente a 'la rendición de cuentas a la que está obligado'.

El pacto también tendría que abordar el alza de los presupuestos para la justicia, hasta alcanzar en los próximos cuatro años el 2% de los Presupuestos Generales del Estado, que ahora está en un 0,8%.

Reformas del proceso penal, como la potenciación del ministerio fiscal como director de la investigación criminal; el papel del ministerio fiscal más acorde con la Constitución y su Estatuto, y exigencia de responsabilidad al Gobierno en la dirección política del cumplimiento de las funciones de la fiscalía. Potenciación del turno de oficio, abaratamiento de los litigios, favorecer los mecanismos de solución extrajudiciales con la implantación de la 'mediación' antes y después de iniciados los procesos, son otras de las propuestas susceptibles de formar parte de ese eventual pacto de Estado.