Bruselas aduce que Artea incumple tres directivas sobre residuos, impacto y protección de aguas

La Comisión Europea ha certificado la ilegalidad de la construcción del macrocentro comercial Artea, el mayor de toda la cornisa cantábrica, sobre el antiguo vertedero de Zuazo, en Leioa. El proceso de infracción medioambiental, que fue abierto en marzo, concluye que incumple tres directivas comunitarias, por lo que el pasado 10 de enero decidió enviar a España el denominado dictamen motivado, en el que se ordena el cumplimiento de la ley. La incógnita es ahora cómo se resuelve el dictamen de la UE, puesto que el vertedero está enterrado bajo los 70.000 metros cuadrados de superficie de Artea, inaugurado en abril de 1998 tras una inversión de 19.000 millones.

La Dirección General de Medio Ambiente de la CE ha considerado 'insatisfactoria' la respuesta de las autoridades españolas, según expresa el jefe de Unidad Georges Kremlis en una carta enviada el pasado 22 de enero al equipo jurídico de HB, formación que presentó la queja ante Bruselas hace ya dos años y medio. Éste es uno de los dos procesos de infracción abiertos por la UE a causa de temas medioambientales de Euskadi. El otro es el depósito de lindane del aeropuerto de Bilbao, sobre el que la Comisión Europa decidirá en marzo si lo archiva o envía también el dictamen motivado.La Comisión Europea mantiene los planteamientos de marzo pasado, cuando abrió el procedimiento de infracción ambiental contra España -aunque el tema es competencia del Gobierno vasco- por la vulneración de tres directivas comunitarias: sobre residuos peligrosos, la evaluación de las repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y la protección de aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas. Fuentes comunitarias ya señalaron en julio que las autoridades vascas hablaron 'de la restauración de un vertedero, pero al final se trata de crear, sobre una zona contaminada, dos vertederos y un gran centro comercial'.

El Gobierno vasco presentó el pasado verano, a través del Ejecutivo central, sus alegaciones, en las que defendía el acondicionamiento de un vertedero en una situación deplorable. 'De ninguna manera puede sustentarse la existencia de algún efecto nocivo derivado de la ejecución del proyecto de recuperación y saneamiento, sino que, muy al contrario, los parámetros contaminantes se redujeron en magnitudes notables'. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, que elaboró las alegaciones junto con el Ayuntamiento de Leioa, explica la falta de autorización de los vertederos porque 'no era una operación de eliminación de residuos ni de construcción de nuevos vertederos, por lo que, en consecuencia, las actuaciones a abordar se encontraban fuera del cambio de aplicación de las directivas de residuos'.

También justifica la carencia de la declaración de impacto ambiental -se realizó únicamente una auditoría ambiental- en el hecho de que la legislación española existente cuando se ejecutó el proyecto, a mediados de los 90, no lo exigía en 'las operaciones de recuperación y sellado de vertederos preexistentes'.

La Comisión Europea es concluyente sobre estas alegaciones: 'No habiendo considerado la respuesta de las autoridades españolas satisfactoria, la Comisión ha decidido el envío del dictamen motivado contra el Estado español por vulneración de las directivas citadas anteriormente'. El dictamen ordena al Estado infractor a ajustarse al derecho comunitario en un plazo que generalmente suele ser de dos meses. Aunque la decisión no es vinculante para el infractor, si no se cumple lo establecido el asunto pasaría entonces al Tribunal de Luxemburgo. Si éste confirmara la ilegalidad, se podría imponer una multa hasta que el Estado infractor no subsane la situación.