Un autonomista respetuoso y cortés

'Es posible hablar de España sin ser tildado de centralista', escribe Eduardo Zaplana. Y, desde luego, demuestra que es posible simular un discurso autonomista pleno sin molestar lo más mínimo al Gobierno central.

El Partido Popular encomendó a Zaplana hace apenas dos años que saliera a la palestra y anunciara un modelo de financiación autonómica interesado capaz de seducir tanto a los nacionalistas catalanes como a los socialistas andaluces. El modelo Zaplana, dibujado por Juan Costa, entonces secretario de Estado de Hacienda, se formuló en plena precampaña de las elecciones autonómicas de 1999 y contribuyó a desplazar definitivamente a los incómodos socios regionalistas que el PP valenciano arrastró durante su primera legislatura al frente de la Generalitat.

La jugada también permitió al PP amortiguar el discurso reivindicativo de sus socios catalanes en el Congreso de los Diputados y sugerir una novedosa vocación autonomista planteada por uno de los jóvenes valores de un partido identificado tradicionalmente con la derecha españolista. Eran los tiempos del poder valenciano y de los barones emergentes desde la periferia.

Pero la mayoría absoluta del PP, tanto en la Comunidad Valenciana como en el Estado, han cambiado las tornas. Ahora es el Gobierno central el que genera los futuros barones, en lugar destacado Jaime Mayor Oreja y Josep Piqué. Ahora son los ministros de Administraciones Públicas y de Hacienda los que llevan las riendas de los escarceos previos al inminente debate sobre el modelo de financiación autonómica. Ahora, en fin, ya no se habla de poder valenciano y las reflexiones de un presidente autonómico sobre el modelo de Estado se presentan, en primer lugar, en la Villa y Corte.

Pero Zaplana mantiene un poderoso olfato político y ha sabido vestir el encargo original para plasmar por escrito las líneas esenciales de un modelo de financiación autonómica con ropajes propios de aspirante a estadista.

Las reflexiones que Zaplana plasma en El acierto de España, la vertebración de una nación plural son las de un autonomista respetuoso y cortés. Responden a un esquema tan ambiguo, al menos, como la redacción del Título VIII de la Constitución de 1978, una ambigüedad que ha permitido el desarrollo efectivo del Estado de las Autonomías durante los últimos 22 años.

Zaplana sugiere que el proceso de descentralización se ha cerrado a falta de que las comunidades sujetas al régimen general asuman las últimas transferencias pendientes, esencialmente en materia de Sanidad. Y sostiene que la ambigüedad con que los padres constituyentes definieron el modelo de Estado fue un acierto. Más aún, alude en dos ocasiones a Jordi Solé Turá -padre de la Constitución como representante del extinto PSUC- para defender la potencia que aún entraña la Carta Magna como fuente de descentralización y autogobierno.

Zaplana cumple las exigencias del guión impuesto por su partido cuando demoniza a Miguel Herreno de Miñón -también padre de la Constitución por Alianza Popular-, y rechaza tajantemente toda aspiración soberanista de los territorios forales inspirada en una lectura flexible de la disposición adicional primera de la Carta Magna.

Pero también se permite varias alegrías respecto a su partido, cuyas siglas sólo se citan una vez a lo largo de más de 200 páginas. Zaplana insiste en reclamar sus orígenes como militante del Partido Demócrata Liberal del País Valenciano, posteriormente integrado en la Federación de Partidos Demócratas y Liberales y, a la postre en Unión de Centro Democrático. No es menos significativo que el prólogo sea obra de Adolfo Suárez, tan citado a lo largo del texto como el propio José María Aznar.

Zaplana supera todos las restricciones cuando exige que los presidentes autonómicos tengan peso real en la construcción europea; cuando reivindica la capacidad de encauzar, por ejemplo, proyectos regionales de investigación al margen del Estado; y cuando sugiere una relectura de la Carta Magna: 'La Constitución de 1978 es una obra humana y, por lo tanto, perfectible', pero siempre a partir de un consenso tan amplio como el registrado durante la transición política.

Pero la disciplina se impone. La apuesta por la corresponsabilidad fiscal, la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y la voluntad de acordar un modelo definitivo para distribuir los fondos públicos supone la culminación del proceso abierto en 1978 y el encumbramiento de la simetría del Estado.

El modelo de financiación tiene resonancias federales y es teóricamente muy similar al que defienden, por ejemplo, los socialistas catalanes. Pero con un matiz, mientras el PSC exige la reforma del Senado para convertirlo en auténtica cámara territorial, Zaplana apenas propone una descafeinada Conferencia de Cooperación Autonómica.