Encerrados

Una sola frase, pronunciada en asamblea por uno de los inmigrantes encerrados en huelga de hambre en una iglesia barcelonesa, desmonta la acusación de que su protesta sea 'un chantaje social inaceptable', según palabras de la delegada del Gobierno en Cataluña. El inmigrante vino a decir que no había viajado a España -quién sabe por qué azarosos medios y pagando a qué intermediarios poco escrupulosos- para comprometer su salud, sino para vivir y trabajar en este país como uno más. Sólo desde la comprensión del drama que encierra una afirmación tan simple puede darse salida a un conflicto que podría poner en peligro la vida de algunos de los encerrados.

Al margen de otras consideraciones, la Ley de Extranjería aprobada el pasado 23 de enero exhibe un talón de Aquiles: no sirve para indicar qué hay que hacer con esas personas que, procedentes de la absoluta pobreza, ya se encuentran en España y aspiran a vivir en la legalidad. La ley no les da respuesta: al contrario, les coloca en la indefensión al negarles el derecho a reunirse o afiliarse a un sindicato.

El Gobierno se ha apresurado a manifestar que no tomará represalias si los protestatarios deponen su actitud. Faltaría más. La Administración se ha mostrado hasta ahora incapaz de gestionar el conflicto. Si de 51.099 expedientes de regularización presentados en Madrid se han denegado 8.924 (un 17%), en Barcelona esa proporción es explosiva: de 49.271 solicitudes han sido desestimadas 34.982, lo que equivale al 71%. Todo ello en medio del caos y de la absoluta falta de medios materiales de una oficina de Extranjería ubicada en una ciudad puntera en diseño y comodidad. Ante una realidad tan crispada es preciso buscar algunas salidas de carácter urgente; por ejemplo, en la repesca de ese contingente de 50.000 inmigrantes cuya regularización no ha sido rechazada de forma definitiva.

Es obvio que hay que ir hacia una política de cupos que organice los flujos migratorios según las demandas de trabajo de cada región y comunidad autónoma y que vele para que los empleos se concedan de acuerdo con la normativa laboral y por procedimientos de selección no discriminatorios. Pero el problema de ese inmigrante que no ha venido aquí para encerrarse en iglesias ni para hacer huelgas de hambre, sino para trabajar y comer, es una cuestión previa y urgente.