Francia se decide a combatir la corrupción de sus Gobiernos

'¿Está interesante?', pregunta un grupo de señoras de mediana edad a los que van saliendo de la sala donde se celebra el juicio contra Roland Dumas, ministro de Asuntos Exteriores con François Mitterrand, su antigua amante y cuatro ex altos cargos del grupo petrolero Elf. Cientos de personas se agolpan cada día ante los policías encargados de filtrar a los que pueden entrar en la sala de audiencia. En un país donde las cámaras de televisión tienen vedada su presencia en los juicios -nada de espectáculos al estilo norteamericano-, la función sólo puede verse en directo. Y este primer proceso del caso Elf, aunque descafeinado en el plano jurídico, reúne mejores ingredientes que muchas películas.

Roland Dumas reconoce que en Elf había dos estructuras, la oficial y la periférica

Francia vive un buen momento económico; la corrupción no es la primera inquietud de sus ciudadanos, más preocupados por la delincuencia en las calles o el mantenimiento de su amplio sistema de pensiones y ayudas públicas. Pero, según todas las encuestas, quieren saber lo que pasa en los asuntos escandalosos.

Elf Aquitaine era un grupo público, durante mucho tiempo la mayor industria de Francia y un poderoso brazo de su política exterior; no se entiende que necesitara de una mujer como Christine Deviers-Joncour, que se autocalificó como la puta de la República, para relacionarse con Roland Dumas, el culto y refinado titular del Quai d'Orsay durante una parte del mandato de Mitterrand.

Asombra escuchar las explicaciones del ex ministro sobre el aspecto 'profesional' de esa relación. 'El Quai d'Orsay representa una pesada administración. Las peticiones de citas son muy lentas. Christine Deviers-Joncour, en nombre de Elf, me pasaba mensajes, o bien entregaba en mi gabinete los dosieres que le encargaban que me transmitiera'. Roland Dumas reconoce que en Elf había dos estructuras, la oficial y la 'periférica'; era esta última la que usaba y pagaba a su amante, y admite, en un juzgado y hablando 'para la historia', que el ministro de Exteriores y el grupo industrial público usaban ese canal, tan sumamente privado, para superar la envejecida maquinaria administrativa.

Dumas confirmó lo que su ex amante ha sostenido desde que publicó el libro La puta de la República. En resumen, ella ha sostenido siempre que Alfred Sirven, número dos de la empresa Elf Aquitaine, le encargó que trabajara constantemente en su relación con el ministro; sus viajes frecuentes por el mundo, su intervención para que Dumas lograra que Mitterrand viajara a un país de Emiratos Árabes en el que Elf buscaba un contrato o su autodescripción como mujer en medio de aquel trío: 'Alfred Sirven no me dejaba nunca, y yo no dejaba nunca a Roland Dumas. Yo navegaba entre esos dos hombres'.

¿Y eso justifica que cobrara 64 millones de francos (1.600 millones de pesetas) del grupo petrolero Elf en cuatro años? Sin decir directamente que sí, Dumas ha corroborado el papel 'profesional' de su antigua amante: 'Aquí tengo siete dosieres de Elf, de los que me entregaba Christine', remachó el ex ministro ante el tribunal en su comparecencia del miércoles pasado, para dar verosimilitud a la tesis. Pero ese dinero es sólo una pequeña parte de lo que la empresa dilapidó durante años.

Y es que el dosier Elf es, 'sin duda, el asunto financiero más importante jamás instruido en Europa'. Así lo cree la juez instructora, Eva Joly, que hace ocho meses publicó un libro sobre su vida de magistrada, menos polémico que el difundido recientemente sobre su colega español Baltasar Garzón. Unas páginas en las que Eva Joly asegura que tanto ella como su compañera de instrucción, Laurence Vichnievsky, avanzan despacio, porque manejan el caso Elf junto con otros 60 más y sólo disponen de 'un inspector y medio' para seguir la pista a miles de millones dilapidados.

'Nuestra desnudez es el símbolo de la voluntad francesa de mantener los ojos cerrados: no ver nada, no saber nada'. Para la juez Joly, 'el Estado acepta dejarse robar sin reaccionar'.

¿Están frustrados los jueces porque no logran resultados palpables? Años de instrucción desembocan en juicios como el iniciado esta semana en el Tribunal Correccional de París: en lugar de esclarecer si hubo comisiones formidables para forzar la voluntad del Gobierno en una operación de venta de fragatas a Taiwan, la investigación hace que el estrado termine examinando si Elf compró a un hombre de Estado con regalos.

Los jueces hacen mucho ruido cuando detienen, registran y encarcelan; probablemente no por voluntad propia, sino por lo espectacular de sus acciones cuando atacan las relaciones entre las altas esferas políticas y las grandes empresas, o de éstos y el ejército de cortesanos y comisionistas que opera en medio de ambas esferas. Un grupo de jueces de instrucción están golpeando en Francia algunos de los fundamentos de un país muy estatalizado. Y los perseguidos les devuelven la pelota en cuanto logran salir de la celda (donde están poco tiempo). Ante el tribunal que le juzga, el ex ministro de Relaciones Exteriores Roland Dumas ha atacado con dureza el trabajo de las jueces instructoras que le procesaron, 'más interesadas en las cartas anónimas que llegaban a su despacho que en averiguar la verdad'. No es el único. Al salir de la cárcel, donde estuvo tres semanas en prisión provisional por supuesta complicidad en un tráfico de armas a Angola, Jean-Christophe Mitterrand, el hijo mayor del ex presidente de la República, no dudó en atacar a su juez: 'Supura odio antes de abrir la boca', dijo del magistrado Philippe Courroye, que le había procesado por haber cobrado 13 millones de francos (325 millones de pesetas) del mercader de armas Pierre Falcone en una cuenta suiza que no declaró al fisco.

Este último, encarcelado desde hace dos meses y procesado por comercio ilícito de armas, fraude fiscal, tráfico de influencias y desfalco, es el personaje central de lo que el diario Le Monde ha bautizado como el Angolagate. Lo que se investiga es un conjunto de venta de armas a Angola, entre 1993 y 1994, por valor de 633 millones de dólares (115.000 millones de pesetas). Este individuo frecuentaba el Ministerio del Interior: bajo mayorías tanto de izquierda como de derecha, de 1989 a 1997, Falcone logró instalarse como un importante interlocutor de la Sociedad Francesa de Exportación de Materiales y Sistemas (Sofremi), una entidad pública vinculada al Ministerio del Interior, con la que hizo negocios. Los documentos de la sociedad de Falcone, requisados por los jueces, han descubierto una lista adicional de nombres de 300 personas o sociedades a las que el mercader de armas regaba con dinero en efectivo y regalos.

Tapados por el alud de nuevos asuntos, quedan ya muy atrás otros escándalos que sacudieron a Francia. El informe parlamentario de 1994 que denunció graves prácticas delictivas en el Crédit Lyonnais nacionalizado, la entrada en tromba de la juez Eva Joly para registrar sus oficinas antes de que el asunto adquiriera dimensiones tan colosales que hasta 12 jueces terminaron ocupándose de delitos económicos valorados en 3.000 millones de francos... y 'problemas de gestión' gigantescos que estuvieron a punto de llevar el banco a la quiebra.

Si el presidente Mitterrand logró morirse rodeado de escándalos sin que ninguno de ellos le afectara personalmente, el actual jefe del Estado, Jacques Chirac, asediado por unos cuantos asuntos turbios originados cuando era alcalde de París y primer ministro de Francia, no ataca personalmente a ningún juez: sencillamente, se envuelve en su manto de 'primer magistrado de Francia' para justificar que no piensa comparecer ante ninguno de ellos. Reclama la inmunidad. ¿Estamos otra vez ante la disuasión de la destrucción mutua asegurada? ¿Están pillados todos los sectores políticos, y por eso unos y otros se preguntan hasta cuándo los jueces van a seguir sacando vergüenzas en público?

Los asuntos que rozan a Chirac tienen que ver con la financiación de varios partidos políticos. En uno de los casos, dos de derecha (Unión por la República, RPR, y el Partido Republicano, PR) y uno de izquierda (Partido Socialista) organizaron presuntamente, a comienzos de los años noventa, un reparto del 2% de las cantidades de adjudicación de obras de nuevas construcciones de centros de enseñanza media en la región de París.

'Existía un acuerdo para las obras de los institutos, y el presidente del RPR (Jacques Chirac en aquel tiempo) estaba informado del resultado de mi colecta', a fin de que 'pudiera dar las gracias a las empresas', según declaró ante su juez instructor Louise-Yvonne Casetta, la persona encargada de esa recaudación. Ex tesoreros de los demás partidos afectados lo corroboraron.

Otro recaudador, Jean-Claude Méry, se negó en vida a reconocer ante la justicia que existía un sistema organizado de recolecta de fondos en beneficio de tres partidos políticos, que se repartían las comisiones por adjudicaciones de reformas y construcciones de viviendas sociales en París. Lo que el recaudador ocultó al juez lo dejó grabado en un vídeo, cuyo contenido estalló en septiembre pasado, por el momento sin mayores efectos judiciales.

Una y otra operaciones de distribución de fondos beneficiaron a los socialistas, hoy en el poder, pero fueron organizadas por el RPR. Primero, porque este partido gobernaba tanto el Consejo de la región de París como el Ayuntamiento de la capital -Jacques Chirac era alcalde y primer ministro-. Y segundo, porque el sistema de recaudaciones tenía un mismo fusible: Michel Roussin, ex jefe de gabinete de Chirac, presuntamente situado en el centro del dispositivo. Roussin era un colaborador muy cercano a Chirac, y varios de los implicados han señalado al Ayuntamiento parisino como el centro neurálgico de las operaciones.

En todo caso, el actual presidente de la República se ha encargado de recordar, en su última entrevista televisada, que los asuntos que se comentan fueron anteriores a 1995, año en que se promulgó una nueva ley de financiación de la política. Esta norma ha alejado, al menos en teoría, la posibilidad de que tales prácticas continúen, al prohibir las donaciones empresariales a partidos políticos.