España se opuso durante cuatro años en Bruselas al plan contra las 'vacas locas'

Para Loyola de Palacio, prohibir los materiales de riesgo, como pedía la Comisión Europea en diciembre de 1996, era una medida 'discriminatoria hacia países como España, donde nunca se han dado casos de este tipo de enfermedad', según declaró entonces. La prohibición, ya impuesta al Reino Unido, no se podía extender a toda la Unión Europea, según De Palacio, porque había países que estaban libres de la epidemia. Por eso, la entonces ministra, junto a los representantes de siete países más, se negó a prohibirlos.

La lista actual de materiales de riesgo o MER, que deben ser destruidos, incluye el cráneo con el encéfalo, la médula espinal, las amígdalas y el intestino de los animales mayores de un año. Todos ellos estaban identificados hace cuatro años como peligrosos por el Comité Científico Director de la UE.

La oposición a que se destruyeran materiales de riesgo estaba en consonancia con una laxa aplicación de otras normas contra la enfermedad que sí se habían adoptado, hasta el extremo de que en junio de 1997, la Comisión Europea abrió un expediente a España (y a otros nueve países) por entender que no se habían aplicado suficientes controles a los piensos animales.

La Comisión Europea volvió a la carga en 1997. Emma Bonino, comisaria de Pesca y Protección de los Consumidores, llevó de nuevo al Consejo de Ministros de Agricultura la eliminación de los materiales de riesgo. 'Propusimos que tal medida entrara en vigor a principios de 1998', recordó ayer Bonino. 'Era una manera de dar tiempo a los países para ponerlo en marcha, pero no hubo manera. Se opusieron de nuevo los que, como España, se creían libres de la enfermedad'.

Junto a España se alineaban Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia, Finlandia y Grecia. De Palacio estuvo a punto de votar a favor gracias a la aplicación del 'principio de regionalización y zona indemne', que habría eximido a España de aplicar tal medida. Sin embargo, el Consejo de Ministros aplazó finalmente el asunto pidiendo a la Comisión Europea una nueva propuesta para abril de 1998.

'Recuerdo que hubo un cambio sustancial en aquella época: Dinamarca registró un caso de vaca loca y entonces cambió de opinión', cuenta Bonino. Así, Dinamarca mudó de bando, pero la Comisión Europea entró en una crisis de mayor envergadura que terminó con el colegio de comisarios encabezado por Santer. Durante ese tiempo, España tomó duras iniciativas contra la posibilidad de contagio exterior. Cerró sus fronteras al bovino portugués y decretó el embargo a las vísceras bovinas procedentes de nueve países europeos.

La nueva Comisión Europea, formada a finales de 1999, retomó el asunto y en enero de 2000, el irlandés David Byrne volvió a lanzar la propuesta de destrucción de los materiales de riesgo y a primeros de junio emitió un informe en el que se advertía a España, Italia y Alemania de que podrían refistrar casos de vacas enfermas en cualquier momento.

En el Consejo de Ministros del 19 de junio pasado, Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, volvió a votar, sin embargo, en contra de prohibir los materiales de riesgo. Su ministerio minimizó el informe comunitario por considerar que no se ajustaba en absoluto a la realidad sanitaria de España, donde aún no se había detectado ningún caso.

En ese consejo, Austria, Finlandia, Grecia y Alemania votaron junto a España mientras que los otros diez países miembros apoyaron la medida, que no se aprobó porque requería una mayoría cualificada. Este resultado, no obstante, permitió a la Comisión Europea, diez días después, prohibir los materiales de riesgo a partir del 1 de octubre de 2000.

La actitud española sólo empezó a cambiar en noviembre pasado, cuando el Gobierno decidió cerrar sus fronteras al vacuno francés a la vista de la gran cantidad de nuevos casos detectados en el país vecino. A mediados de mes, Arias Cañete ya se había convertido en uno de los ministros europeos más dispuestos a aplicar todas las medidas posibles para frenar la EEB. 'Someteremos a la prueba de detección del prión a todas las vacas mayores de dos años si la UE así lo estima pertinente', prometió el 17 de noviembre. Cinco días más tarde se dio a conocer el primer caso español de vaca loca.