Las otras 'caravanas de la muerte'

El ex dictador chileno Augusto Pinochet vive su peor momento, al menos en el plano judicial. Y no sólo por la difícil situación que afronta en el caso de la caravana de la muerte (el asesinato de 57 opositores políticos y la desaparición de otros 18 a manos de una misión militar especialmente delegada por él en septiembre de 1973), sino también por otra serie de casos de violaciones de los derechos humanos que lentamente apuntan a su autoría intelectual.

Uno de ellos es la llamada matanza de Corpus Christi u Operación Albania, que en junio de 1987 llevó a la ejecución de doce militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), uno de los grupos más radicales en la lucha contra la dictadura, a manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que reemplazó en sus tareas a la temida DINA del general Manuel Contreras a comienzos de los ochenta. El caso lo investiga el juez especial de la Corte de Apelaciones Milton Juica, quien ha acumulado en silencio una serie de testimonios y pruebas. Además de tener en la cárcel a una decena de ex agentes de la CNI, entre ellos al más emblemático, Álvaro Corbalán Castilla, el juez Juica ha logrado reunir antecedentes suficientes para acusar a Pinochet de autoría intelectual de los crímenes y de un posterior encubrimiento.

En octubre del año pasado, Juica logró que el ex agente de la CNI y coronel de Carabineros Iván Bellarmino Quiroz, conocido como Capitán Velasco, confesara su participación en la matanza de 1987, asegurando que Corbalán le comentó en más de una oportunidad que 'el asunto era de mucha envergadura'. Quiroz afirma que, según Corbalán, la operación necesitaba tener el máximo de personal y requería refuerzos de otras instituciones. 'Por ello es que se llama al general Hugo Salas Wenzel [director de la CNI], para que éste, a su vez, por intermedio del presidente de la República [Pinochet], pida apoyo a la policía civil', dijo el ex agente. Quiroz asegura en su declaración que Corbalán, quien además era presidente del partido Avanzada Nacional, que lideraba la campaña de Pinochet para el plebiscito de 1988, se relacionaba con algunos ministros y con el propio Pinochet.

El juez Juica ya sabe que la Operación Albania fue coordinada desde el Ministerio del Interior y sus funcionarios superiores. Quiroz asegura que le preguntó a Corbalán si había apoyo político suficiente para cometer los crímenes, a lo que Corbalán habría respondido tajantamente que se trataba de una orden superior, más arriba del director de la CNI (sólo Pinochet estaba sobre él). Esto fue ratificado por el propio Corbalán en declaración ante el juez Juica.

'Informar al jefe'

Corbalán aseguró que el director de la CNI 'tenía que informar al jefe directo de dicho organismo, que era mi general Pinochet'. Hasta ahora no se sabe si el juez Juica avanzará hasta interrogar a Pinochet, tal como lo hizo su colega Juan Guzmán el pasado martes. Ello equivaldría a hacer leña del árbol caído, pues Pinochet no puede estar en peor posición, atrapado en las redes del juez Guzmán. El magistrado, más allá de lo que declaró Pinochet en el interrogatorio, cuenta con decenas de declaraciones de testigos presenciales y pruebas que lo inculpan por acción u omisión en cada asesinato y desaparición de la caravana de la muerte.

Por ello no era relevante lo que dijera Pinochet el martes, sino que para Guzmán lo importante era cumplir el trámite que le exigía la Corte Suprema para procesarlo criminalmente, cuestión que deberá decidir la próxima semana. A la luz de las verdades que ya constan en el proceso, las declaraciones de Pinochet arrojan sólo contradicciones y mentiras.

Con todo, el juez Guzmán tiene en su camino inmediato que decidir sobre dos solicitudes en contra de la defensa y de los querellantes. Los primeros piden el sobreseimiento o, en su defecto, la suspensión de la causa porque consideran que Pinochet no está en condiciones de salud para afrontar el proceso. Los querellantes piden que el procesamiento criminal comience cuanto antes.

Como es mucho más probable que Guzmán procese a Pinochet, el Gobierno chileno ha dicho públicamente que se deben respetar todas y cada una de las resoluciones judiciales, un mensaje que más que para los habitantes comunes y corrientes de Chile va dirigido a las Fuerzas Armadas, que hace un mes forzaron una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para exigirle al presidente Ricardo Lagos una salida política para Pinochet. El Gobierno busca evitar, en este nuevo escenario que se avecina, más muestras de desorden castrense.