La 'sentencia de los funcionarios' costará al Consell 63.000 millones

La sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial impuesta a los funcionarios del Estado por el Ministerio de Administraciones Públicas en 1997 considera que el Gobierno del PP vulneró un acuerdo alcanzado en 1994 por los sindicatos de funcionarios con el último Ejecutivo socialista. La Generalitat Valenciana alcanzó un acuerdo paralelo en febrero de 1995 de acuerdo con las directrices estatales, que los representantes de los empleados públicos de la Administración autonómica invocaron ayer al unísono.

La Federación de Enseñanza de CC OO, que presentó en 1995 el recurso contencioso contra la congelación salarial, recibió el elogio de sus colegas, que celebraron la seguridad jurídica que aporta el fallo a las negociaciones con las administraciones.

Joan Sifre, secretario general de CC OO del País Valencià, comentó que la sentencia debe extenderse a todos los empleados públicos. 'Si las directrices del ministro de turno se aplican de forma automática en todas las administraciones, exigiremos el mismo principio pero a la inversa; si la congelación salarial afectó a todos los funcionarios, exigimos que la sentencia también afecte a todos', indicó Sifre.

Las palabras de Sifre resumen una posición que comparten los portavoces de la Federación de Servicios Públicos de UGT, del STEPV y el CSIF.

Luis Lozano, secretario general de la FSP-UGT, exigió la 'ampliación' de la sentencia de la Audiencia Nacional a todos los empleados públicos, mientras que los restantes portavoces sindicales solicitaron la inmediata convocatoria de la mesa general de la Función Pública para revisar los salarios congelados en 1997.

El coste de la revisión salarial para los cerca de 100.000 funcionarios de la Generalitat -unos 40.000 docentes, otros tantos sanitarios y el resto empleados en la Administración general- arroja un coste de unos 50.000 millones, la cifra que resulta de aplicar el IPC de 1997 a la masa salarial de los funcionarios autonómicos. Si se extiende la revisión a los empleados de las corporaciones locales, unos 30.000, el coste total de la sentencia para las arcas públicas se eleva a 63.000 millones.

Carlos González Cepeda, consejero de Administración Pública, se limitó a comentar que el fallo judicial debe analizarse 'despacio' y sugirió que mantiene una actitud de 'expectación y prudencia' ante el recurso que anunciaron ayer varios ministros del Gobierno.

Vicente Rambla, responsable de Hacienda, se apresuró a recordar que la sentencia 'no es de aplicación directa' entre los funcionarios de la Generalitat y sugirió que su posible ampliación derivaría en algún tipo de negociación.

Pero Joan Ignasi Pla, secretario general del PSPV, recordó el acuerdo alcanzado entre la Generalitat y los sindicatos en febrero de 1995 y se mostró tan contundente como los portavoces sindicales: 'La Generalitat debe hacer extensible la sentencia de la Audiencia Nacional porque es cómplice de la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y debe tomar buena nota de lo que ha dicho la justicia', afirmó.