Paralizada la única planta incineradora de Castilla y León

El Ayuntamiento de Cabreros del Río (León), con los votos de los tres concejales del PP y cuatro socialistas, emitidos en un pleno, decidió en la noche del lunes paralizar temporalmente la actividad de la planta incineradora de animales ubicada en la localidad. Esta instalación es la única con la que cuenta esta comunidad -que, con 1,2 millones de cabezas, tiene la mayor cabaña vacuna de España- para deshacerse de los materiales específicos de riesgo del mal de las vacas locas. Un cúmulo de presuntas irregularidades contra el medio ambiente, relacionadas con el control de los vertidos y los malos olores y el filtrado de los humos de la caldera, ha sido el detonante de la decisión municipal.

El Ayuntamiento pondrá el caso en manos de la fiscalía, con datos del Seprona, de la Consejería de Medio Ambiente y la de Sanidad. Además se contará con grupos ecologistas, juntas vecinales y otros ayuntamientos de la comarca para posibles movilizaciones en caso de que la Junta fuerce el mantenimiento de la planta alegando el 'bien público'.

Daño ambiental

El delegado de la Junta en León tachó de irresponsable la actitud del alcalde de Cabreros y negó los supuestos perjuicios al medio ambiente. Asaja rechaza también el cierre de Rebisa y no descarta protestas a partir del próximo día 4 de febrero. El Ayuntamiento de Cabreros ha esperado al menos seis meses para tomar esta determinación. En un primer pleno se instó a Rebisa a corregir deficiencias cuando la planta tenía una mínima actividad. El 18 de diciembre, con los informes negativos del Seprona en la mano, el Ayuntamiento requirió de nuevo a Rebisa, dando un plazo de 30 días para realizar las reformas exigidas.

Los hermanos Vega, propietarios de Rebisa, aseguran que se han efectuado las modificaciones técnicas pedidas, algo que niega el alcalde, Matías Llorente, a su vez dirigente provincial del sindicato agrario socialista UPA-UGAL. Llorente denunció ayer que la empresa ha falsificado el proyecto de los muros del local que alberga la caldera, con posibles graves consecuencias para los trabajadores de la planta. A esto se suma la acusación del alcalde a la Junta de 'encubrir' estas anomalías ante el problema de acumulación de restos que se puede generar si se cierra.

La licencia de actividad de Rebisa se concedió hace nueve años por silencio administrativo, tras enviar al menos tres escritos a la Junta, que no tuvieron respuesta. Llorente considera que ha cambiado sustancialmente la actividad de las instalaciones y que ' no se le dará licencia municipal'.