La Guardia Civil denuncia por delito ecológico al crematorio de reses autorizado por la Xunta

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha denunciado en un juzgado de Ourense, por un delito contra los recursos naturales, a la empresa Sugasa, la única autorizada por la Xunta de Galicia para incinerar reses en esa comunidad. Tras inspeccionar las instalaciones del crematorio de vacas, en las cercanías de Ourense, los agentes constataron el amontonamiento de cadáveres al aire libre, prohibido por la ley, y los vertidos que ha arrojado la planta a un arroyo cercano. La investigación de la Guardia Civil ha forzado al propio Gobierno gallego a abrir un expediente a Sugasa.

'Quién lo iba a decir: Fraga denunciado por la Guardia Civil', ironizaba ayer, en la Diputación Permanente del Parlamento gallego, el diputado de Esquerda de Galicia Anxo Guerreiro. Nadie del PP le replicó, a pesar de que la denuncia, en realidad, no va dirigida contra el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, ni siquiera contra su Gobierno. Pero la demandada es la empresa a la que el ejecutivo autonómico concedió en exclusiva el servicio de incineración de reses. Y, hasta ahora, el Gobierno de Fraga había ignorado las protestas vecinos, sindicatos, ecologistas y partidos de la oposición sobre las precarias condiciones de Sugasa, una antigua fábrica de curtidos reconvertida apresuradamente en crematorio de reses tras la entrada en vigor de las normas para prevenir la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).

Fuentes de la Guardia Civil explicaron que, además de la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ourense, han abierto a Sugasa tres expedientes por infracción administrativa, remitidos a la Xunta, al Ayuntamiento y a la Confederación Hidrográfica del Norte.

La iniciativa de la Guardia Civil se produce después de que el pasado fin de semana la empresa amontonase al aire libre dos centenares de reses, lo que vulnera las normas para la prevención de la EEB. Al mismo tiempo, los agentes del Seprona constataron que desde Sugasa se producen filtraciones a un arroyo cercano, afluente del río Miño. En ese riachuelo, los análisis realizados por un microbiólogo de la Universidad de Vigo revelaron la presencia bacterias que suponen un 'riesgo potencial para la salud del consumidor'. Además, la Guardia Civil duda que la licencia municipal de Sugasa -para fabricar cueros y grasas animales- se ajuste a la actividad que desarrolla.

La empresa se encuentra ahora en una situación realmente anómala, ya que, además de estar denunciada en el juzgado, le ha abierto un expediente el mismo Gobierno que necesita sus instalaciones para deshacerse de las vacas muertas en las granjas. El expediente fue abierto esta misma semana, según confirmó el consejero de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, quien hasta ahora había pasado por alto las denuncias de partidos, organizaciones sociales y vecinos que viven a menos de un kilómetro de la planta. La inhibición de Medio Ambiente incluso desató la ironía del presidente del PP y de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, quien el pasado jueves se preguntó si el delegado provincial de la consejería 'estaba buscando cabras en la sierra'.

La crisis de las vacas locas ha provocado un rosario de acciones judiciales contra el Gobierno de Fraga. Ayer mismo, el grupo ecologista Amigos da Terra y el sindicato CC OO denunciaron en la fiscalía que los camiones que transportan reses a Sugasa incumplen la normativa legal. En un juzgado de Ordes (A Coruña), hay otro procedimiento abierto por el vertido ilegal de reses en una mina abandonada de Mesía ( A Coruña).