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SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Gobierno admite que está desbordado por la cantidad de vacas a incinerar

El director general investigado por sus intereses en el sector, nombrado secretario del comité de crisis

Con tono tranquilizador, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy hizo ayer un llamamiento a la responsabilidad de los ganaderos, las comunidades autónomas y los partidos políticos ante el problema de las vacas locas. Tras asistir a la primera reunión del comité de crisis, cuya orden de creación firmó ayer mismo, Rajoy aseguró que evitar la entrada de animales enfermos en la cadena alimentaria y preservar la salud de los consumidores son la 'prioridad básica' del Ejecutivo. 'Las medidas del Gobierno garantizan que todos los productos relacionados con el sector del bovino que están a la venta pueden formar parte de la alimentación de los ciudadanos', matizó.

En su comparencencia tras la primera reunión del comité de crisis (integrado por los subsecretarios de Presidencia, Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente y los directores generales de Salud Pública y Ganadería), Rajoy pasó revista de las medidas adoptadas hasta la fecha y guardó reserva sobre la posibilidad de poner en marcha nuevas actuaciones. Sólo corroboró el anuncio del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, de que el Gobierno pedirá a la UE un aumento de los fondos para paliar la crisis.

Rajoy, que coordina la crisis pero no forma parte del comité especial creado por él, eludió hablar sobre el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla, quien ayer fue nombrado secretario del comité. 'El Ministerio de Agricultura ha abierto un expediente y aún no está resuelto', puntualizó el vicepresidente. Pérez Bonilla, que tiene intereses familiares en el sector del cerdo, considera que no debe dimitir de la dirección general, entre otras cosas porque la explotación familiar no ha recibido 'ni una peseta pública', tal como ha insistido.

100.000 millones

El PSOE arreció ayer en sus críticas y peticiones al Gobierno respecto al mal de las vacas locas. El secretario de política económica, Jordi Sevilla, calculó en 100.000 millones de pesetas la cantidad que debería aportar el Ejecutivo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para enfrentar la crisis. Paralelamente, los consejeros de Agricultura socialistas, reunidos en Madrid, aseguraron que el plan del Gobierno para atajar la crisis resulta 'inaplicable'. Acusaron al Ejecutivo de 'menospereciar los riesgos' y de 'echar los balones fuera'.

Por la tarde, en el Congreso de los Diputados, el ministro Arias Cañete afrontó las críticas de todos los grupos de la oposición por la imprevisión del Gobierno y la sensación de descontrol dada por el Ministerio de Agricultura y, sobre todo, por el de Sanidad y Consumo, tras la aparición de los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB). El PSOE le instó a presentar la dimisión por 'no haber evaluado bien la crisis'. IU le recordó que, desde 1996, boicoteó con sus votos medidas de prevención propuestas en la Unión Europea. CiU destacó que las contradictorias declaraciones del Ejecutivo han agravado una situación 'de por sí crítica'. Todos le instaron a optar cuanto antes por la transparencia.

El ministro replicó que ése ha sido siempre su criterio, y con él reconoció que el mayor problema es ahora qué hacer con tantos animales muertos. La 'escasa capacidad de incineración' y las 'dificultades para la recogida de los animales en las granjas' son los problemas más acuciantes que ahora afronta su departamento.

Retirada de cadáveres

'No hay capacidad incineradora suficiente en España', aseguró Arias Cañete. Desde el 1 de enero, por mandato comunitario, hay que retirar las vacas muertas por causas naturales en las granjas. El ministro dijo que, por término medio, mueren por causas naturales 184.000 reses de bovino al año. Ahora, las comunidades autónomas deben retirarlos de las granjas y eliminarlos. Además, para cumplir las normas de la UE, hay que destruir 1,7 millones de toneladas de despojos y materiales de riesgo. Y no hay hornos suficientes. Además, nadie quiere tener una incineradora en su municipio. '¿Díganme dónde se colocan?', espetó el ministro a la oposición. Según Arias Cañete, para instalar nuevas incineradoras no habría problema de dinero. 'Cada una cuesta 1.000 millones de pesetas y hay vías de financiación incluso con fondos estructurales', dijo.

La actitud mantenida por Arias Cañete ante el comité científico europeo hasta la aparición del primer caso de vaca loca en España fue uno de los ejes de las críticas de la oposición. 'La Comisión Europea vio bloqueada la eliminación de los MER durante cuatro años por la oposición de España y Alemania, que estimaban que esa medida no era necesaria en sus países', le dijo el portavoz de Agricultura del PSOE, Jesús Cuadrado. En Alemania, añadió, el ministro ha dimitido por 'no haber evaluado bien la crisis'. Arias Cañete replicó que él dijo en junio 'que en España no había casos, que se habían prohibido las harinas animales para la alimentación de bovinos y la importación de harinas de Portugal'. '¿Qué quería que dijera, que sí había casos, que creara alarma?', añadió.

Todos los grupos le instaron a defender en la UE nuevas ayudas para los cultivos de grano para la elaboración de harinas no animales, así como la defensa de una ganadería más extensiva. El ministro adelantó que cree que ése será el debate en los próximos meses y que, probablemente, será Alemania quien lidere este cambio en la política agrícola común.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 18 de enero de 2001