Discusiones de urgencia para suavizar los certificados

Los técnicos de las consejerías de Agricultura y Sanidad discutieron ayer en el Ministerio de Sanidad de qué forma suavizar los exigentes certificados veterinarios impuestos por el reciente Real Decreto (3454/2000, del 23 de diciembre pasado) que estableció el programa integral de control de las vacas locas. De hecho, la reunión urgente de consejeros convocada el martes por los ministerios de Sanidad y Agricultura tenía ese mismo objetivo, aunque se frustró debido al malestar que habían generado las declaraciones de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, sobre los huesos para caldo.

Los ganaderos y los veterinarios consideran imposible cumplimentar esos certificados, que exigen que un veterinario oficial, o uno habilitado y asignado a la explotación, garantice que los animales que entran al matadero 'no presentan síntomas clínicos' de una lista de 27 enfermedades, y que 'en la explotación no se ha producido ninguna incidencia en los últimos 30 días que haga pensar en la presencia de una presunta patología'.

La organización agraria Asaja, por ejemplo, considera que deben ser los mismos veterinarios oficiales de cada matadero los que analicen y certifiquen la calidad sanitaria de las canales, ya que es en los controles post mortem donde se pueden diagnosticar mejor las enfermedades.

Otro sindicato agrario, UPA, ha calculado que el certificado, tal y como está en el decreto, supondría unos gastos adicionales para los ganaderos españoles de 10.200 millones de pesetas, con la consiguiente pérdida de competitividad respecto a los ganaderos europeos y la previsible desaparición de miles de explotaciones familiares.