Tápense las narices

Los habitantes del pequeño municipio de Mesía (A Coruña) han comprobado en cuatro días lo poco que importan a sus gobernantes. La Xunta ha elegido una mina al aire libre de esa localidad para arrojar sin las debidas precauciones y sin dar aviso a la población centenares de reses muertas. El resultado ha sido un orificio infecto, situado a 200 metros de viviendas y 500 de una escuela, del que rebosan materiales putrefactos y que, al decir de los afectados, ha contaminado un manantial cercano. Tal desmesura, que sólo ha cosechado críticas, habría bastado para que cualquier administración diese marcha atrás y buscase mejor depósito para los cadáveres de las vacas. Pero la Xunta, haciendo oídos sordos a las protestas de los vecinos, ha anunciado su intención de seguir enterrando vacas en ese pudridero improvisado.

Este grosero empecinamiento no sólo muestra una completa falta de sensibilidad en un momento de máxima alarma social ante el fenómeno de las vacas locas, sino que posiblemente vulnera la normativa vigente. Entre las contradictorias explicaciones emanadas de la Xunta cuando el depósito fue descubierto por los vecinos estaba la afirmación de que sólo los animales con síntomas de padecer la encefalopatía espongiforme bovina habían de ser sometidos a incineración. También alegó que su planta incineradora no daba abasto, por lo que estaba facultada para arrojar provisionalmente a los animales muertos sin sospecha de enfermedad en un vertedero controlado.

Bastaron dos días para que estas razones empezaran a debilitarse y la propia Xunta, ante la evidencia de las filtraciones que se producían en la fosa, reconociese que los 'trabajos de adaptación' del vertedero, es decir, de la mina a cielo abierto, no habían terminado. Afirmación que equivale a admitir que los animales han sido arrojados en un lugar inadecuado para ese fin. Tampoco parece tenerse en pie el argumento de que sólo los animales sospechos de encefalopatía han de ser incinerados. Aparte de la grave sospecha de que la Xunta no les ha practicado las pruebas pertinentes para descartar la infección, el propio real decreto que regula la eliminación de materiales específicos de riesgo, en vigor desde el pasado 25 de noviembre, obliga a incinerar todos los cadáveres de bovinos de más de 12 meses y sólo reconoce como almacenes intermedios espacios cubiertos especialmente habilitados al efecto. El propio ministro de Agricultura ha afirmado que las vacas muertas en granjas, estén o no enfermas, han de ser obligatoriamente incineradas, debido a que el prion sólo desaparece a partir de los 800 grados. Una práctica que otras comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid, ya han puesto en marcha.

Es inconcebible que ningún responsable de la Xunta haya salido a dar explicaciones. Tampoco es normal que no intervenga el ministro de Agricultura, una de cuyas funciones es la de coordinar la sanidad animal en España. En Mesía, entre tanto, el único mensaje procedente de sus autoridades que perciben los vecinos es éste: tápense las narices.