Vacas a la mina

Los expertos habían vaticinado que la generalización de las pruebas específicas del denominado mal de las vacas locas haría aflorar nuevos casos en España. La Junta de Castilla y León confirmó ayer este pronóstico al reconocer, a falta de un segundo y definitivo control, la existencia de dos reses que han dado resultado positivo en la provincia de León. Los responsables autonómicos de Agricultura aseguran -como ya hizo el propio ministerio en noviembre, cuando aparecieron las dos primeras vacas enfermas en Galicia- que se trata de casos aislados y que las actuales medidas de control son suficientes para garantizar la calidad de la carne que llega a los mercados. Nada permite por ahora ponerlo en duda. Los criterios científicos al uso requieren la aparición de más de 50 casos en un país para declarar una epidemia. El seguimiento de esta enfermedad en los próximos meses será crucial para aclarar este punto.

Entretanto, los indicios más preocupantes no proceden de los análisis clínicos, sino del comportamiento de algunos políticos encargados de proteger a los ciudadanos. Ayer mismo, el consejero de Agricultura castellano-leonés, José Valín, hizo gala de un contradictorio sentido de la transparencia informativa al aceptar la existencia de estos dos casos y negar al tiempo la identificación de las explotaciones ganaderas de origen con el argumento de que esa información alarmaría 'injustificadamente' a la población y perjudicaría al sector. Algunos gestores públicos siguen manifestando notables dificultades para comprender que no es la información, sino la falta de ella, lo que alarma a una población cuya suspicacia está justificada. Y el sector ganadero debe ser el primer interesado en que los consumidores sepan delimitar los casos de encefalopatía a su ámbito geográfico preciso.

Mención aparte merece la actitud de la Xunta gallega. Con independencia de las dudas sobre su legalidad, la decisión de depositar cientos de vacas muertas en una antigua mina de cuarzo al aire libre, ejecutada por la empresa a la que la Xunta ha encargado gestionar la destrucción de los residuos vacunos de riesgo, tiene, como mínimo, el aire de una monumental chapuza. Desde el 1 de enero es obligatorio analizar y destruir por incineración las vacas muertas en las explotaciones. Tras haber sido pillada en flagrante por unos vecinos, la Xunta podrá argumentar que las vacas fueron arrojadas a la mina antes de que la norma entrara en vigor, aunque fuera por unas horas o por unos días, y en contra de las normas fijadas hace meses por la propia Administración gallega. Pero es seguro que ni los ganaderos ni los consumidores entenderán esa actitud. Una Administración que consiente tales prácticas pone en juego su fiabilidad para garantizar la salud de los ciudadanos.