El síndrome eléctrico

Los problemas pendientes en el mercado eléctrico español van a ocupar una parte muy importante del escenario político en los primeros meses del año 2001 y pondrán a prueba la capacidad de gestión y de regulación del Gobierno de Aznar. La Comisión Europea debe decidir sobre la legalidad de los polémicos costes de transición a la competencia (CTC), los 1,3 billones de pesetas que los consumidores españoles están pagando a las eléctricas a través de un recargo en las tarifas. El forcejeo de la vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, para conseguir funciones que le permitan decidir sobre la autorización de tan elevadas compensaciones puede retrasar el dictamen comunitario; pero la Comisión ya ha iniciado la tramitación del expediente de los CTC como ayudas de Estado.Por otra parte, la fusión de las dos grandes compañías eléctricas españolas, Endesa e Iberdrola, ha entrado en un áspero periodo de forcejeos políticos días antes de que el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) dé a conocer su informe definitivo sobre la operación. Ambas cuestiones están relacionadas, hasta el punto de que la percepción de los CTC o su eliminación cambiará probablemente la negociación política de la fusión y, por consiguiente, el nuevo mapa eléctrico español. La difusión del informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sobre esta fusión ha enrarecido la que se presumía despejada trayectoria política de la operación. La CNE propone que se limite la capacidad de producción eléctrica del nuevo grupo al 40% de la generación total -condición que ya se conocía- y el 41% del mercado de comercialización; es decir, del volumen de clientes que retendrá la nueva compañía y que será la base principal de su negocio. La resistencia pública de Endesa e Iberdrola a aceptar esta última confirma que es en la comercialización libre a los usuarios donde estará el núcleo de negocio el próximo decenio, y revela que es en este punto donde el informe del TDC deberá precisar más y mostrarse más riguroso en sus recomendaciones.

El argumento de Endesa e Iberdrola es que una limitación tan intensa de su mercado de comercialización podría hacer irrealizable la fusión. Podría suceder que esa línea argumental fuera una posición táctica para garantizar que mantendrán el 41% de los clientes españoles en sus listas de abonados, un porcentaje que se aproxima peligrosamente al monopolio. En países con una liberalización asentada y en los que se reconoce al 100% de los consumidores la capacidad para elegir compañía suministradora, cada comercializadora tiene como máximo entre dos y tres millones de clientes. La generosa propuesta de la CNE equivaldría a mantener un volumen de ocho millones de clientes, una cantidad poco compatible con un mercado competitivo.

Si el argumento de las empresas responde a condiciones económicas e industriales auténticas, la exigencia de rebajar el mercado de Endesa-Iberdrola por debajo del 40% podría ser incompatible con la rentabilidad empresarial de la fusión. Es un problema que exige una negociación política transparente y resolverse sin reducir las condiciones de competencia en el mercado de comercialización. Resulta evidente la dificultad de aumentar la competencia del mercado eléctrico -o de cualquier otro- sobre la base de una fusión empresarial.

Con este trasfondo de confusión en Endesa-Iberdrola, el Gobierno ha aprobado una rebaja de las tarifas eléctricas del 2,2% para el año 2001. Es una decisión decepcionante. Los consumidores tienen razones poderosas para pedir una rebaja mayor, sobre todo porque siguen pagando el recargo del 4,5% por los CTC, que en buena lógica debería dejar de pagarse mientras la Comisión no decida sobre el caso; una bajada tan escasa tampoco mitigará el problema de la inflación. Tantos frentes sobre un mismo sector requieren explicaciones netas en el Parlamento.