El expediente de regulación presentado por Boliden Apirsa afecta a un tercio de la plantilla

El expediente de regulación de empleo que Boliden Apirsa consideraba imprescindible para mantener la actividad en la explotación de Aznalcóllar hasta noviembre de 2001, fecha en la que ha anunciado que abandonará la mina, está desde hace más de una semana en las oficinas de la delegación de la Consejería de Empleo en Sevilla. La asamblea de trabajadores dio el día 21 su visto bueno al acuerdo alcanzado por la dirección y el comité de empresa. Al final, la empresa rebajó sus planteamientos iniciales y el expediente de regulación plantea un máximo de 65 trabajadores parados a la vez durante el próximo año, para lo que rotarán las 145 personas que integran la sección de minería de la firma, casi un tercio de la plantilla.

Boliden Apirsa pretende que el nuevo expediente de regulación de empleo dé comienzo el próximo día 3 y concluya el 15 de noviembre, fecha marcada por sus directivos para abandonar la explotación donde se originó el vertido tóxico en el valle del Guadiamar. De hecho, el 3 de enero concluye el expediente en vigor, que sólo afecta a 30 personas, en los que la empresa completa la prestación por desempleo hasta alcanzar el 100% del salario líquido de los trabajadores, que oscila entre las 140.000 y las 190.000 pesetas.Ahora, la delegación provincial de Empleo debe dar luz verde al expediente, cuestión que altos responsables de la Consejería siempre han considerado factible.

La empresa propietaria de la mina de Aznalcóllar, como en otras ocasiones (entre ellas el periodo de más de un año en el que la explotación estuvo parada por el reventón de su balsa de residuos), aduce un descenso en el ritmo de producción para plantear el expediente de regulación de empleo. En este caso, el bajón es evidente: Boliden Apirsa, al anunciar su marcha, decidió no iniciar la tercera fase en la explotación del yacimiento de Los Frailes, abierto apenas unos meses antes de la catástrofe ecológica, y por tanto los empleados de la sección de minería (145 de los 474 de plantilla) se quedan sin labor que realizar.

La filial de Boliden Limited, que se declaró en suspensión de pagos en octubre, ahogada por deudas que superan los 14.000 millones de pesetas, aseguró que renunciaba a seguir explotando el yacimiento de cinc y cobre por no disponer de los 4.000 millones requeridos para iniciar los trabajos de preparación de la tercera fase; la matriz, a la que adeuda 9.000 millones y que está en pleno plan de ajuste, tampoco está dispuesta a poner más dinero en España. Hasta el próximo 15 de noviembre, Boliden Apirsa tirará del mineral extraído en la segunda fase de la explotación; con eso, y con la venta de activos (valorados en 34.000 millones) pretende hacer frente a sus deudas con proveedores y acreedores en caso de que ninguna empresa minera formalice una oferta de compra por la mina; hasta ahora, Boliden tan sólo está en conversaciones con la compañía australiana Murchinson.

En el expediente de regulación, al que los interventores judiciales dieron su aprobación el día 22, la empresa rebaja sus pretensiones iniciales. En principio, Boliden Apirsa había cifrado en un centenar el número de empleados que debían quedar parados, pero posteriormente revisó su previsión y calculó que el ajuste debía afectar a 86 trabajadores. Finalmente, tras un mes de negociaciones con el comité de empresa, el número de desempleados temporales queda establecido en 65; el acuerdo contempla que los 145 trabajadores de la sección de minería se turnarán para cubrir ese número, aunque aún no se ha decidido los criterios que determinarán esa rotación. En todo caso, según fuentes sindicales, los empleados que tengan más prestaciones por desempleo pendientes serán los primeros en incorporarse al expediente de regulación.