El Parlament condena el franquismo y reivindica la memoria de sus víctimas

La condena de la dictadura franquista y la reivindicación de la dignidad y la memoria de sus víctimas obtuvo ayer el apoyo de todos los grupos del Parlament, incluido el del Partido Popular (PP). Mediante una votación unánime, se aprobó una proposición sobre la recuperación de la memoria histórica de la represión franquista, presentada por Esquerra Republicana (ERC), que incluye "la más enérgica condena de los responsables de los crímenes, la persecución, la barbarie y el exilio (...) de la dictadura franquista".

El apoyo unánime a la proposición no de ley fue posible porque el diputado que la presentó, Joan Ridao, accedió a retirar un punto en el que se "invitaba" al presidente del Gobierno español, José María Aznar, y la Conferencia Episcopal Española "a pedir perdón públicamente por las injusticias cometidas durante el franquismo". La referencia a la jerarquía eclesiástica era especialmente rotunda, ya que la invitaba a pedir perdón "por su complicidad en el mantenimiento de la dictadura y sus crímenes".Ridao justificó la "invitación" al presidente del Gobierno como un gesto paralelo al que en su momento realizaron el canciller alemán Helmut Kohl y el presidente de la República Francesa François Mitterrand al pedir perdón por las actuaciones del Gobierno nazi alemán y del Gobierno francés de Vichy durante su colaboración con el nazismo.

Pero ni el PP, ni los socialistas, ni los convergentes estaban dispuestos a apoyar un texto que permitía interpretar fácilmente que el franquismo y la guerra civil de la que surgió eran un asunto de españoles contra catalanes. El diputado socialista Miquel Iceta recordó que si bien Cataluña perdió sus instituciones, en aquella contienda "hubo catalanes vencedores" y destacó también que hubo "sectores de la Iglesia catalana, y no precisamente menores", que estaban en el bando franquista.

El diputado Joaquim Ferrer, de Convergència i Unió (CiU), explicó que "no habría podido votar" el apartado retirado porque un ejercicio de coherencia política exige abordar estas cuestiones "recordando los esfuerzos por la reconciliación" entre los bandos que estuvieron enfrentados y teniendo en cuenta la Constitución.

Ridao, Iceta y Ferrer habían intentado salvar antes este obstáculo sustituyendo la citada "invitación" al presidente del Gobierno por una alusión más imprecisa. La presentaron al inicio del debate en forma de enmienda técnica. Decía así: "El Parlament invita a las instituciones del Estado a condenar moralmente las injusticias cometidas durante el franquismo, como instrumento de elemental reparación histórica".

Pero el portavoz del PP en este debate, Josep Curto, rechazó de plano que esa sustitución fuera una enmienda técnica y emplazó a los proponentes a defender el texto original. Ridao optó entonces por retirar tanto la enmienda como el texto original. En su lugar, ERC, el PSC, CiU e IC-V presentaron inmediatamente otra proposición no de ley en la que, de forma más matizada, el Parlament "invita" a las instituciones del Estado "y a todos aquellos estamentos que por su importancia social también han de hacerlo" a que condenen moralmente las injusticias cometidas durante el franquismo.

Tanto Ferrer como Curto lamentaron el tono de la extensa exposición de motivos que acompañaba la proposición no de ley. Aunque en puridad no se aprueba, la exposición de motivos contenía una interpretación muy polémica de la transición a la democracia, que imposibilitaba un acuerdo unánime. Ridao insistió en este tono en su intervención inicial al afirmar que "el Estado surgido de la transición es todavía expresión coercitiva" de las insuficiencias de la Constitución.

Este punto de vista fue rechazado por Curto, que tomó pie precisamente de la adhesión del PP a la Constitución para expresar "sin reservas" la condena moral de su grupo parlamentario "a todas la dictaduras, incluida la franquista".

En todo este debate apenas quedó margen para que Rafael Ribó, de IC-V, recordara que la proposición partía de un homenaje a Octavi Pallissa, un dirigente del PSUC fallecido en 1992. El texto aprobado insta al Gobierno español a revisar las condenas a muerte dictadas en consejo de guerra, pide al Gobierno catalán que incentive la recuperación de la memoria antifranquista y a todas las administraciones que sustituyan los símbolos del fascismo allí donde perviven en los nombres de calles y monumentos.