Querella del fiscal por el mal funcionamiento de la depuradora de Gavà

Gavà La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha interpuesto una querella por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente contra el Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat) y la Entidad Metropolitana de Saneamiento. La demanda se basa en el mal funcionamiento de la planta depuradora situada en el barrio de Can Espinós, en Gavà.

Tres implicados

El fiscal, José Joaquín Pérez de Gregorio, sostiene que las aguas residuales eran "insuficientemente tratadas" por la depuradora y fueron vertidas "de forma ilegal y sin autorización alguna" a un torrente, cuyo lecho quedó contaminado. El Ayuntamiento de Gavà construyó la planta en 1990 para tratar las aguas residuales de Can Espinós, un barrio situado a unos dos kilómetros del núcleo urbano, y se encargó de su gestión hasta 1994, cuando ésta pasó a la Entidad Metropolitana de Saneamiento. En la querella, el fiscal señala que el consistorio decidió construir una depuradora "absolutamente insuficiente para un correcto tratamiento y depuración" de las aguas. La acusación pública indica también que la construcción de la planta obedeció "al parecer, a razones puramente crematísticas". La planta, según la querella, ha venido funcionando de forma ilegal desde su puesta en marcha, dado que no tenía la preceptiva licencia municipal de actividades clasificadas ni la autorización administrativa de vertidos a cauce público de la Junta de Saneamiento de la Generalitat.

Las aguas residuales contaminaron "gravemente" el lecho y el cauce del torrente de Can Espinós a lo largo de unos cuatro kilómetros, que quedó convertido "en una alcantarilla a cielo abierto". Los contaminantes -amonio, coliformes y estreptococos- se infiltraron en el subsuelo al mezclarse el cauce de ese torrente con la riera de Canyars. Los índices de contaminación registrados en los análisis de las aguas y las "elevadísimas" demandas química y biológica de oxígeno pusieron de manifiesto que los vertidos vulneraban los límites de contaminación y vertido señalados en las directivas comunitarias, en la Ley de Aguas y en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

La querella se dirige contra el teniente de alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gavà, Diego Jiménez; el gerente de la Entidad Metropolitana de Saneamiento, José Carlos Fernández Rubio, y el director de la depuradora, Josep Gassó Barqué. La actuación de la fiscalía se produce a raíz de una denuncia presentada en 1998 por ERC, tras las quejas de personas vinculadas al mundo excursionista y ecologista.La sección local de ERC consideró ayer positiva la presentación de la querella por parte del ministerio fiscal y, en un comunicado, señaló: "Resulta lamentable que la prepotencia administrativa y política de unas instituciones, que se negaron a arreglar el problema a tiempo, nos haya obligado a utilizar la vía judicial para depurar responsabilidades y forzar su resolución".