El PP rechaza regular la seguridad de los correos electrónicos

El PP demostró ayer no tener prisa para reclamar al Gobierno un plan que garantice plenamente el secreto de las comunicaciones electrónicas y la privacidad de los datos que circulan por la Red. El PSOE había reclamado que las medidas a favor de la inviolabilidad de los cibercorreos estuvieran listas en menos de tres meses, ya que la seguridad de las comunicaciones por Internet está "amenazada". El PP se opuso.

La negativa de los parlamentarios populares choca frontalmente con el informe de la Comisión Especial sobre redes informáticas del Senado aprobado por unanimidad el pasado 17 de diciembre. Una de sus conclusiones zanjaba que el ordenador personal y el domicilio electrónico son "inviolables". Y agregaba: "Ninguna entrada o registro podrá hacerse sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantizará el secreto de las comunicaciones y la privacidad de los datos".Defendida por el senador Félix Lavilla, la moción socialista tenía como objetivo instar al Gobierno a presentar en el plazo máximo de tres meses medidas concretas para garantizar, de manera eficaz, el derecho de los españoles a la intimidad e inviolabilidad de sus comunicaciones a través del correo electrónico, tanto en el ámbito laboral como en el privado. Sin pretender ser alarmista, Lavilla puso ejemplos "inquietantes" sobre la falta de seguridad en el tráfico de datos por la Red. Aseguró que hay programas que vigilan a los ciudadanos sin que lo sepan y recordó que desde Internet se puede suplantar la identidad de otra persona y mandar mensajes en su nombre sin que el supuesto remitente se perciba de ello.

Para la portavoz del PP, Coloma Pesquera, "aunque técnicamente" sea posible quebrar el secreto de las comunicaciones electrónicas, "económicamente es imposible interceptar todos y cada uno de los mensajes que circulan por la Red". Lavilla respondió que el problema es que se vulnere al intimidad de "uno solo de los españoles" sin que exista una resolución judicial. Lavilla entiende que la intimidad es "un derecho constitucional del individuo" y enfatiza la necesidad de proteger el ejercicio de un derecho que "está amenazado".

En una línea más aguada, el Senado aprobó por unanimidad una moción del Grupo Mixto que insta al Gobierno a que estudie las medidas necesarias para considerar el correo electrónico como instrumento de comunicación e información de los trabajadores con sus representantes sindicales y viceversa con "garantía de inviolabilidad".