El Gobierno baraja eliminar en la tarifa el recargo del 4,5% de ayuda a las eléctricas

El Gobierno baraja eliminar de la tarifa eléctrica el 4,5% de recargo que aplica desde 1997 para compensar a las empresas del sector por el aumento de la competencia. Los costes de transición a la competencia (CTC) ascienden a 1,3 billones, de los que las empresas han ingresado ya 360.000 millones. La eliminación del recargo estuvo a punto de plasmarse ayer en una enmienda del PP a la Ley de Presupuestos. Finalmente, la iniciativa no prosperó. No obstante, en el sector se da por seguro que el Ejecutivo prepara una norma para hacer frente a las objeciones que Bruselas pueda plantear.

Norma variable

Según fuentes empresariales al tanto del proceso, la enmienda a la Ley de Presupuestos para eliminar el recargo del 4,5% del recibo de la luz estuvo viva hasta el mediodía de ayer. La medida era conocida también desde hace días en los órganos reguladores del sector, aunque como simple posibilidad. Consultado el Ministerio de Economía al respecto, el departamento que dirige Rodrigo Rato se limitó a señalar que a día de hoy "no hay ninguna decisión tomada".La supresión del recargo no supondría estrictamente el fin de los CTC, que se calcularían al final de cada año en función del precio al que las empresas hubieran vendido la energía -con descuentos si los precios hubieran superado la media de seis pesetas por kilowatio-. Pero sí implicaría el fin del "adelanto" que supone para las compañías cobrar ese 4,5% en el recibo de la luz al margen de la evolución del mercado, como ahora sucede.

Pero pese a que el Gobierno parece haber descartado eliminar el recargo de forma inmediata, en fuentes cercanas a las empresas no se excluye que la iniciativa prospere próximamente, quizá en forma de decreto ley. De hecho, aseguran que el Ejecutivo ha preparado ya una norma "variable" para hacer frente a las posibles objeciones que pueda plantear Bruselas a las ayudas eléctricas.La reflexión del Gobierno acerca de las polémicas ayudas a las empresas eléctricas está impulsada, según coinciden los expertos consultados, por dos hechos: su eliminación ayudaría a cumplir la promesa gubernamental de reducir las tarifas de la electricidad un 9% en los tres próximos años -decisión aprobada en junio y ratificada el lunes por el ministro de Economía, Rodrigo Rato- y contribuiría a reducir fricciones con la Comisión Europea.

Bruselas examina desde hace dos años las ayudas que pactó el Gobierno con las empresas en 1997. Las señales que ha emitido no son favorables para aquella decisión, concretada por el Ministerio de Industria, que entonces dirigía Josep Piqué. Así, Bruselas acordó tramitar el expediente de los polémicos CTC como ayudas públicas. La decisión, que contrariaba todos los argumentos esgrimidos desde la administración española, motivó la presentación de un recurso por parte de España ante el Tribunal Europeo.

El proceso se ha complicado, además, porque Bruselas ha decidido dar trámite de audiencia a las partes interesadas en el caso de los CTC, incluidas las organizaciones de consumidores y usuarios, que se han opuesto siempre frontalmente a las compensaciones.

Al cuestionamiento de los costes de transición contribuye también el proceso de fusión emprendido por Endesa e Iberdrola. Para la autorización de esa operación, ambas empresas deberán vender activos aún por determinar, pero que, según las cuentas de Endesa, pueden suponer unos ingresos de al menos tres billones. Esa cifra casa mal con el cobro de los CTC, que en su momento, se justificaron como una compensación a las compañías por aceptar más competencia en el sector.

Desde las empresas implicadas en la fusión, no obstante, se recuerda que si bien la nueva Endesa Iberdrola puede ingresar esos tres billones por vender activos a precios de mercado, las compras que efectúe -ambas compañías están interesadas en compras en Francia, Alemania e Italia y otros países de América del Sur y del Norte- también tendrán que pagarlas a precio de mercado.