La oposición votará contra la reforma si niega derechos políticos a los inmigrantes irregulares

Los partidos de la oposición están dispuestos a dejar que el Gobierno y el PP saquen adelante en solitario la reforma de la vigente ley de Extranjería si no se modifican aspectos sustanciales del nuevo texto legal. Las intensas negociaciones que el Ejecutivo va a mantener hasta el jueves, día en el que el pleno del Congreso debate la reforma, no han logrado aún recabar el apoyo de PSOE, CiU y Coalición Canaria, que siguen considerando inasumible que no se reconozcan los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga a los inmigrantes que estén irregularmente en España.

Sólo los "legales"

Las negociaciones que ha llevado a cabo el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, han permitido modificar aspectos sustanciales del proyecto de reforma de la vigente Ley de Extranjería, la 4/2000, pero las diferencias entre la oposición y el Ejecutivo siguen siendo amplias. El PP planteó la llamada "contrarreforma" de la ley nada más conseguir la mayoría absoluta en las elecciones del 12 de marzo. Desde entonces ha venido defendiendo el argumento de que durante la corta vigencia de la actual ley -menos de un año- se han detectado ya "aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma".La aprobación, en la recta final de la legislatua pasada, de la ley 4/2000, de 11 de enero, supuso una dura derrota en el Congreso de los populares, que una vez que obtuvieron la mayoría absoluta se dispusieron a enmendar. El Gobierno, no obstante, sostiene que no quiere aprobar en solitario la reforma. De hecho, desde la presentación del proyecto, Fernández-Miranda comenzó a negociar con socialistas, convergentes y Coalición Canaria (CC) para recabar su apoyo. Pero las espadas siguen en alto.

Las reuniones mantenidas hasta ahora han fructificado en la aceptación de 59 enmiendas de la oposición, que fueron aprobadas durante la sesión de la Comisión Constitucional del Congreso el 6 de noviembre. La estrella de aquel debate fue la aceptación de una enmienda del PSOE, ligeramente modificada, por la que el Gobierno se comprometía a elaborar un real decreto para que los inmigrantes a los que, en el último proceso extraordinario de regularización, se les ha denegado su solicitud de residencia "exclusivamente por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999", pudieran legalizar su situación sin presentar de nuevo toda la documentación necesaria.

No obstante, el debate se centra ahora en el reconocimiento o no a todos los inmigrantes de los derechos políticos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga. El texto del Gobierno reconoce que los extranjeros tendrán esos derechos con carácter general, pero limita la posibilidad de ejercerlos a "cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España", los inmigrantes que el Gobierno define como "legales".La oposición votó entonces en bloque contra la postura del Ejecutivo. Y ése sigue siendo, a día de hoy, el principal escollo para la reforma, ya que mientras la oposición asegura que no duda de que ésos son derechos fundamentales inherentes a todo ser humano, el Gobierno mantiene que son derechos sociales o de configuración legal reconocidos en la Constitución, cuyo ejercicio puede regularse por leyes de menor rango.

Consuelo Rumí, del PSOE, admite que, a pesar de que el Gobierno ha recogido "el 58% de las enmiendas de los socialistas", su partido no podrá apoyar la reforma si no se extienden esos derechos a todos los inmigrantes. "De aquí al jueves lo veremos, pero tal y como está el texto no podemos apoyar el conjunto de la ley", asegura, al tiempo que subraya "el empecinamiento" del Gobierno en no extender a todos esos derechos: "Se van a ejercer, aunque el Ejecutivo no los reconozca". En similares términos se expresa Carles Campuzano, de CiU, para quien si no se modifican aspectos sustanciales de la ley "va a ser muy difícil apoyarla".

No obstante, el Gobierno ha seguido cediendo y aceptando modificaciones que le habían reclamado CiU y PSOE. El propio Campuzano celebraba el viernes el anuncio hecho en Sevilla por Fernández-Miranda de que el Ejecutivo aceptaría la gratuidad de la asistencia letrada y de intérprete para todos los proceso de repatriación de inmigrantes y la inclusión del concepto de arraigo a la hora de conceder a los inmigrantes permisos de trabajo o residencia. Ambas eran, precisamente, modificaciones que socialistas y convergentes pretendían introducir. Campuzano y Rumí consideran que de aquí al jueves "aún queda tiempo" para llegar a nuevos acuerdos sobre la ley e incluso para poder apoyarla en su totalidad junto con CC.

Mucho más alejados están IU y PNV, con los que ni siquiera se han entablado negociaciones. "No podemos apoyar la ley si no se modifica el asunto de los derechos, que va contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos", asegura Margarita Uria, del PNV. El diputado de IU Felipe Alcaráz sostiene que la ley "se carga los derechos humanos y los derechos fundamentales y elimina todo tipo de garantías para los inmigrantes en las fronteras".