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LA REFORMA DE LA LEY DE EXTRANJERÍA

73.151 regularizaciones denegadas

Un total de 244. 377 inmigrantes residentes en España han presentado todos los papeles que podían para poder acreditar que se encontraban en el país antes del 1 de junio de 1999 y que tenían derecho a que la Administración pusiera en regla sus documentos. El proceso extraordinario de regularización de extranjeros, que concluyó el pasado 31 de julio, sigue sin estar concluido, aunque se espera que a primeros de 2001 hayan podido ser revisadas todas las peticiones. La Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración ha revisado ya 204.506 de las solicitudes presentadas, de las que ha estimado positivamente 126.731 y ha archivado otras 4.624 por todo tipo de defectos. Sin embargo, un total de 73.151 extranjeros han visto cómo se les denegaba en primera instancia su solicitud de documentación. Todos estos inmigrantes pueden recurrir aún la decisión de la Administración.

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La cifra de denegadas supera ya con mucho la cifra de los 50.000 que en principio se barajó, un número que oculta a inmigrantes sobre los que pende la amenaza de expulsión. La insistencia de las asociaciones humanitarias y de los sindicatos llevó al PSOE a presentar una enmienda para que los inmigrantes a los que se les denieguen los papeles "exclusivamente" por no poder acreditar que estaban en España antes del 1 de junio del año pasado tengan una segunda oportunidad. Así, la cifra final de inmigrantes que no podrán quedarse legalmente en España sigue siendo una incógnita, ya que las denegaciones, a falta de 40.000 solicitudes por revisar, puede variar.

El secretario de Estado Enrique Fernandez-Miranda, delegado del Gobierno par la Extranjería y la Inmigración, ha subrayado que el proceso de revisión de las denegaciones se hará "de forma personalizada, atendiendo a criterios felxibles, y siempre a favor del inmigrante", para que el proceso de regularización, agregó, sea "lo más amplio posible".

El Gobierno tiene aún que elaborar el real decreto mediante el cual se establecerán los requisitos que permitan "sin necesidad de presentar nueva documentación" la regularización de los que han recibido un "no" por respuesta sólo por no tener forma ni manera de demostrar que estaban en España antes del 1 de junio de 1999. Fernández-Miranda pretende que dicho real decreto, al igual que el reglamento de aplicación de la nueva ley que finalmente salga de las Cortes, estén publicados a partir de enero de 2001, al mismo tiempo que la propia ley.

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