Una ley contra el Convenio Europeo de los Derechos Humanos

El dirigente de Nueva Izquierda Diego López Garrido, ponente del PSOE para la reforma de la ley de Exranjería junto a Consuelo Rumí, sostiene que reconocer unos derechos a los inmigrantes que no se pueden ejercitar no sólo es un "absurdo jurídico" sino que es contrario "a la Constitución española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos". López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional, subraya que el Convenio Europeo, integrado en el derecho español incluso por encima de la Constitución, reconoce esos derechos "a todas las personas". De hecho, el artículo 11.1 de dicho convenio dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses". El diputado agrega que el convenio reza que el disfrute de dichos derechos y libertades ha de ser reconocido "sin distinción alguna" por razones de "origen nacional".

Contra la Constitución

Por ello, subraya que los artículos 7, 8 y 11 de la ley del Gobierno, aquellos que reconocen el derecho pero limitan su ejercicio al tener permiso de residencia o trabajo, "son claramente contrarios a la Constitución y al Convenio Europeo de los Derechos Humanos". El diputado encuadrado en las filas socialistas, partido que mantiene vivas para el debate en el Congreso siete enmiendas referidas al título de los derechos, sostiene, por tanto, que si no hay modificaciones de esos artículos "la ley del Gobierno es inapoyable".

López Garrido asegura que el Gobierno intenta reformar así uno de los cuatro aspectos de la vigente ley 4/2000. Los otros tres pretensiones del Ejecutivo se refieren a que el extranjero tenga que acreditar cinco años de permanencia en España (las vacaciones que pueda tomar fuera del país se contabilizan gracias a una enmienda de Chunta Aragonesista) en lugar de los dos de ahora; a la no motivación de la denegación de determinados visados de larga duración, y la expulsión en 48 de los extranjeros que estén en situación irregular en España sin atender al arraigo que pueda tener en el país.

Este último punto ya ha sido concedido por el Gobierno, pero el resto aún está en el aire. López Garrido añade a estas pegas el que se responsabilice a las compañías de transporte de la legalidad de la documentación de los extranjeros. "Eso es de hecho una limitación del derecho de asilo, porque el que huye de su país porque le persiguen sale con lo puesto y sin mirar si lleva los papeles en regla o no", alega.

Una vez que salga del Congreso el día 23, la reforma tendrá que pasar aún por el Senado y volver al Congreso.