Las ONG sostienen que la nueva ley supone la "muerte civil" de los extranjeros 'sin papeles'

Una "muerte civil" para los sin papeles. Así definen la mayor parte de las asociaciones de inmigrantes y de solidaridad el nuevo texto de la Ley de Extranjería propuesto por el Gobierno. Cuestiones como la vuelta a las expulsiones de indocumentados, la negación de los derechos de huelga y asociación a los extranjeros sin permiso de residencia o el aumento del plazo de estancia exigido para acceder a la regularización permanente les llevan a temer que engrose la bolsa de extranjeros que viven y trabajan en España, pero a los que se les niega la condición de ciudadanos. Todas rechazan la reforma de la ley actual, que lleva vigente menos de un año y de la que ni siquiera se ha elaborado un reglamento de aplicación. Consideran que el texto actual es "de mínimos" y que los cambios previstos suponen un "grave retroceso".

- Asociación Pro Derechos Humanos. "Negar a los indocumentados los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga nos parece muy grave porque supone establecer categorías de personas en derechos básicos", asegura Clara Redal, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. "Esta ley está más pensada para reprimir que para regular. Los inmigrantes van a seguir viniendo pero así se les dificulta la integración", añade.Redal critica que los sin papeles deban demostrar una estancia de cinco años (no de dos como en la ley de Extranjería vigente) para regularizar su situación y, sobre todo, que se vuelva a sancionar con la expulsión a los indocumentados cuando ahora carecer de permiso de residencia sólo supone una multa.

"El ministerio del Interior acaba teniendo tantas potestades con esta normativa que incluso es él quien decide si se le concede un visado a un estudiante extranjero para seguir sus estudios en España", concluye.

- Asociación Española de Solidaridad y Cooperación con Colombia (AESCO). Yolanda Villavicencio, presidenta de esta entidad, considera que dificultar la regularización de los sin papeles y limitar sus derechos sólo lleva a precarizar más su situación laboral.

"Tendrán que aguantar cualquier abuso sin herramientas para defenderse y eso puede llevar a que otros trabajadores les acusen de dumping (competencia desleal abaratando precios o salarios)", matiza.

"Si añadimos que la nueva norma niega a los inmigrantes regularizados el voto en las elecciones municipales llegamos a la conclusión de que a los ciudadanos llegados de países pobres se les permite ser mano de obra barata, pero no sujetos activos de la sociedad", termina.

- ARI Perú. "Si los inmigrantes venimos a España es porque, con papeles o sin ellos, encontramos empleo. Sin embargo, la reforma de la Ley no prevé mecanismos para que los patronos que buscan trabajadores puedan encontrarlos en nuestros países sin que la gente tenga que venir a la aventura, endeudándose y jugándose la vida", reflexiona Rosario Sanabria, presidenta de ARI.

"No es que el Estado español tenga que abrir sus puertas a los ciudadanos del Tercer Mundo por solidaridad, es que hay sectores laborales que nos necesitan. Pero en vez de intentar luchar contra la explotación y la economía sumergida, la nueva ley restringe derechos a los sin papeles condenándolos a aguantar situaciones abusivas y a seguir en su situación", añade. "Además, todo inmigrante corre el riesgo de caer en la irregularidad porque, aunque tenga un contrato de trabajo, puede perderlo", matiza.

- Voluntariado de Madres Dominicanas. Esta asociación hace hincapié en las consecuencias negativas que tendrá impedir a los sin papeles el acceso a cursos formativos que no sean los de los tramos de educación obligatoria (de 6 a 16 años). "¿Qué alternativa vamos a dar a los cada vez más numerosos chicos indocumentados de 16 y 17 años que llegan solos a España desde países como Marruecos? La formación ocupacional o la garantía social son buenas salidas que pueden impedirles caer en la marginación y prepararles para un trabajo", plantea.

"También se restringe la reagrupación familiar. Por ejemplo, un chico peruano que ha conseguido traerse a su hermano inválido para que no estuviese sólo no podría hacerlo con la reforma de la ley porque se limita la reagrupación familiar a padres, cónyuges e hijos", apostilla.

- Asociación de Emigrantes Marroquíes en España (AEME). Para Riduan Aisouk, portavoz de esta entidad, la futura ley "sigue considerando a los inmigrantes como una amenaza y dejándolos bajo control policial". Su asociación defiende el derecho de cualquier persona a elegir libremente el país de residencia. "Las diferentes leyes de extranjería no han acabado con el drama humano del Estrecho, donde cada año hay más víctimas, y además han provocado temor hacia el extranjero abonando el terreno a sucesos racistas como los de El Ejido. Los inmigrantes siguen viniendo sólo que jugándose la vida porque no les dan visados para entrar en la Península de otra forma", añade.

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Según Enrique Santiago, secretario general de esta organización, la reforma de la ley va a vulnerar derechos básicos de los solicitantes de asilo. "Se sanciona a las compañías aéreas por traer a España a solicitantes de asilo cuya petición no es admitida a trámite y con eso se potencia que esas empresas seleccionen a sus pasajeros pudiendo dejar en tierra a personas perseguidas. El vigilante de una aerolínea no es la persona adecuada para juzgar quién es un refugiado", matiza.

"La ley también permitirá expulsar con custodia policial a solicitantes llegados de terceros países ", añade. Ahora, en esos casos los peticionarios de asilo son conminados a regresar al país por el que han entrado al espacio Schengen pero en muchos casos se quedan en España. "No existen garantías de que el tercer país al que se les retorna no vaya a expulsarles al lugar de donde huyeron", concluye Santiago.

- Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME). Denuncian que la nueva ley elimina el derecho a la asistencia jurídica de los extranjeros no admitidos en frontera pero no su derecho a asistencia letrada. "Eso supone que el extranjero inadmitido podría contratar a un abogado particular pero no solicitar uno de oficio si carece de medios". En la actualidad existe un turno de oficio gratuito especializado en estos casos que trabaja en aeródromos como el de Barajas. Atime también critica que, al eliminarse los derechos de huelga y sindicación para los sin papeles "se están obviando las situaciones de los numerosos extranjeros empleados en la economía sumergida con el consiguiente lucro de los empleadores sin escrúpulos".

- Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España (AISE). Tafsir Dia, portavoz de esta asociación, también considera que la nueva ley, al negar los derechos de sindicación y huelga a los extranjeros, "parece responder a los intereses de grupos vinculados a la economía sumergida".

"Es como si el Gobierno nos considerase a los inmigrantes como delincuentes potenciales. Esta ley aborda la inmigración como problema y no como un fenómeno producido por el orden económico actual", apostilla. "No garantiza la ciudadanía porque niega derechos básicos a los indocumentados e impide que los regularizados participen en política con su voto", concluye Dia.

- Médicos del Mundo. Amparo Sánchez, vicepresidenta de esta asociación socio-sanitaria, espera que la nueva norma mantenga el derecho a la sanidad pública de todos los indocumentados empadronados y de las embarazadas y los menores aunque no estén censados. Pero también reclama que ese derecho se haga efectivo. "Hay comunidades donde a los sin papeles se les exigen tantos requisitos para empadronarse que no pueden hacerlo con lo que quedan sin cobertura sanitaria salvo en caso de emergencia", asegura.

"Esa situación de hecho nos está obligando a crear nuevos dispensarios, como el de Tenerife, o a reabrir otros, por ejemplo en Valencia, cuando nuestro objetivo era que se encargasen de este cometido los servicios públicos de salud de cada comunidad", apostilla.