'Los promotores de la Carta Social se reúnen en la Cámara con los partidos

La ponencia parlamentaria que estudia la Carta de Derechos Sociales se reúne hoy en la Cámara de Vitoria con los promotores de la iniciativa legislativa popular que llevó ese texto hasta el Legsilativo para acercar posturas sobre aspectos como la cuantía de la renta básica dirigida a personas sin recursos económicos. La ponencia para la elaboración de la Carta Social se reunió el pasado miércoles sin que los partidos lograsen acercar sus posturas sobre dicha cuestión.

Los partidos no se ponen de acuerdo sobre la dotación de una renta básica, dirigida a cubrir la necesidades de las unidades convivenciales carentes de recursos suficientes. Mientras el PP y los socialistas quieren que ascienda al 75% de las 14 pagas que componen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), distribuidas en doce mensualidades, el PNV opta por el mismo porcentaje, el 75%, pero de 12 pagas del SMI.En un comunicado de prensa, el coportavoz de la iniciativa popular, José Ramón Castaños, criticó la comparecencia limitada de los promotores de la Carta Social en los trabajos de la ponencia y advirtió de que el resultado de esa ausencia de diálogo ha sido el desencuentro entre las ideas de la ponencia y las ideas de la inicitaiva popular a propósito de las políticas de empleo y de rentas mínimas.

La reunión, que se celebrará en la Cámara a petición de los representantes de la iniciativa popular, está dirigida, según señaló Castaños, a contrastar opiniones e intentar llegar a acuerdos sobre cuestiones concretas y fundamentales de la Carta Social.

Respecto a la implantación de una renta básica, los grupos parlamentarios mantienen sus discrepancias en torno a la cuantía que se debe establecer, ya que PP y PSE piden un salario mensual de 61.845 pesetas; el PNV, de 53.010, y EA, de 70.680, la misma cantidad que demanda IU-EB.

Los promotores de la Carta Social son más ambiciosos en cuanto a la cuantía de la renta básica y sobre los posibles beneficiarios de la misma. Así, plantean que sea universal y que la reciba toda persona demandante de empleo, y piden que su cuantía equivalga cuanto menos al Salario Mínimo Interprofesional, que ahora ronda las 71.000 pesetas. La diferencia de la renta básica con el actual Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMI) estriba en que mientras el IMI sólo lo pueden percibir los mayores de 25 años, la renta universal se podría conceder a un joven de 18 años que desee independizarse y que demuestre su esfuerzo por buscar un trabajo y vivir fuera del hogar paterno.