Un cierto desequilibrio

El informe de la OCDE sobre Estadísticas de ingresos demuestra que España, Turquía e Islandia fueron los tres países de la organización en los que más aumentó la presión fiscal en el periodo de 1996 a 1999. En España, la presión fiscal, entendida como el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB, fue del 35,1% el año pasado, casi un punto por encima del anterior máximo de la década, que se registró en 1992 (34,3%). A pesar de esta subida, España tiene una presión tributaria inferior a la media de la OCDE, que fue del 37% en 1998, y a la de los países europeos de la OCDE, que registraron un promedio del 39,8%. Incluso contando con que el crecimiento de la economía española ha producido un efecto de arrastre sobre la recaudación fiscal, los datos de la OCDE confirman que el Gobierno del PP está llevando a cabo una intensa sustitución de impuestos directos en beneficio de los indirectos, que tienen una capacidad recaudatoria mayor, son más fáciles de percibir y, además, son indoloros. Conviene recordar una vez más, esta vez con datos en la mano, que el Gobierno no ha bajado los impuestos en general, sino los directos. El crecimiento continuado de la presión fiscal durante los últimos tres años contradice la pretensión política de los Gobiernos de Aznar de que han aliviado la carga tributaria que pesaba sobre los ciudadanos.

No podía ser de otra forma. La reducción progresiva del déficit público en España se ha conseguido básicamente con el aumento de los ingresos fiscales. Conviene, todavía, hacer una última observación. Sin entrar en la deficiente estructura de la recaudación tributaria en España, el peso de las cotizaciones sociales es el 35,2% de los ingresos totales, más de 10 puntos por encima de la media de la OCDE y más de siete por encima de la OCDE europea. Es evidente que la fiscalidad española penaliza descaradamente la creación de empleo y renuncia a obtener ingresos de las rentas más altas y de los beneficios más elevados.