Un ganadero juzgado por engorde con clembuterol de reses culpa a sus empleados
El ganadero Jesús Escudero, juzgado desde ayer en Sevilla por un supuesto delito contra la salud pública al engordar reses ilegalmente con el fármaco prohibido clembuterol, en la finca de su propiedad en Utrera (Sevilla) entre 1990 y 1998, culpó sus empleados. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel. La acusación particular, Izquierda Unida de Utrera, le acusa además de fraude documental y de estafa, por lo que pide 13 años.En el juicio están también acusados dos ex empleados de Escudero: Manuel Álvarez Soriano, uno de los encargados de la finca, y María Dolores Sánchez Rojas, oficinista y administradora única de Terneros Catalán SL, la sociedad a cuyo nombre está el negocio desde 1994. Fiscal y acusación particular coinciden en pedir un año de cárcel para ambos. Una cuarta imputada, Esther Jiménez, era el contacto entre la empresa, en Barcelona, y la finca de Utrera.
Según Escudero, las peticiones de Fiscalía y acusación particular deberían ser justo al revés. Escudero dijo que mantuvo el negocio de cría y engorde de ganado a su nombre entre 1988 y 1994 y que en septiembre de ese año, por problemas de salud, cedió el negocio a una sociedad limitada formada por sus dos hijos y por Sánchez. Entre 1995 y 1996 tres reses propiedad de Terneros Catalán dieron positivo por clembuterol en sendos análisis. Guardia Civil y Policía localizaron en dos registros posteriores de la finca numerosas dosis del famoso fármaco para el engorde animal y de hasta otras doce sustancias prohibidas.
Escudero defiende que, desde la formación de la sociedad, él se limitó a ayudar en lo que pudo y que la gestión directa de la empresa y del ganado recayó sobre Sánchez y los tres encargados de la finca, Álvarez uno de ellos. El abogado de la acusación particular, Rafael Ibáñez, y el defensor de Manuel Álvarez, el letrado José Manuel Bejarano, creen que el empresario tejió un esquema legal simulado pero que las órdenes seguían siendo suyas.
Las declaraciones de Sánchez y Álvarez apoyaron esa tesis. Sánchez dijo que participó en la sociedad por miedo a perder su empleo. Álvarez declaró que cedió un terreno de su padre para guardar vacas de Escudero y aceptó poner a su nombre un terreno del acusado por las mismas razones que Sánchez. Ambos perdieron finalmente su empleo en 1996, cuando denunciaron las actividades de Escudero.
