Un lustro de protestas

Nerva , un pueblo minero situado en el extremo norte de la provincia de Huelva, cuna de artistas como Daniel Vázquez Díaz, dio un giro en su historia el 16 de junio de 1995, cuando el Ayuntamiento adjudicó las obras de construcción de un depósito de residuos tóxicos y peligrosos. Desde entonces, un grupo de vecinos, integrados en la denominada Plataforma Antivertedero, se han movilizado en más de un millar de ocasiones contra la instalación, que gestiona el Complejo Medioambiental de Andalucía (CMA), una empresa participada por Abengoa, Terraire y Egmasa.El proyecto, impulsado hasta la extenuación política por el alcalde, José Villalba, del PSOE, con el respaldo de los que fueron consejeros de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Manuel Pezzi y José Luis Blanco, también socialistas, supuso un coste social para el pueblo, que aún paga sus secuelas. La división y el enfrentamiento entre familias y amigos se instaló en las calles entre los que apostaban por la construcción del depósito y los que decidieron hacer lo imposible por evitarlo.

Los años 1996 y 1997 fueron largos y negros para Nerva, en los que se produjeron encierros en el Ayuntamiento con desalojos, manifestaciones diarias y acciones de protesta, algunas de ellas disueltas por cargas de antidisturbios.

Las movilizaciones contaron con el apoyo, entre otros, del ex coordinador regional de IU Antonio Romero y de los conservacionistas Francisco Casero y Juan Clavero. Todo ello se saldó con más de 200 expedientes sancionadores a vecinos del pueblo, tramitados por la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

Finalmente, bajo un clima de extrema crispación, el vertedero fue inaugurado el 29 de junio de 1998 por Blanco, en un acto que estuvo vigilado por las fuerzas del orden público ante la amenaza de boicoteo de los antivertedero. El depósito, que supuso una inversión de 4.000 millones de pesetas, recepciona el 90% de los residuos que se generan en Andalucía.

La instalación se extiende sobre 60 hectáreas a escasos metros del núcleo urbano. Sus balsas tienen una capacidad de almacenaje de 1,4 millones de toneladas de vertidos tóxicos y 3,5 de inertes. El vertedero ha tratado en los últimos dos años un total de 200.000 toneladas procedentes de diversas empresas andaluzas y del resto del territorio español.

Ahora, cinco años después de que se encendiera la mecha de la discordia, los contrarios a la planta siguen exigiendo el cierre inmediato de las instalaciones: "Este maldito depósito ha dividido a nuestro pueblo. No estamos seguros porque allí dentro se producen todo tipo de irregularidades e ilegalidades", aseguró Elvira Alcázar, la vecina del pueblo que lidera la plataforma antivertedero.

Lo cierto es que el depósito sigue en el ojo del huracán. Desde que abrió sus puertas se han declarado siete incendios en sus instalaciones. El último, "hace una semana y media", según los vecinos. "Pero se silenció una vez más", dijo Alcázar. El portavoz en Huelva de la organización Ecologistas en Acción, Juan Romero, considera que a la planta llegan todo tipo de residuos sin control de almacenaje, "algunos de ellos muy peligrosos por las reacciones químicas que provocan al contacto con otras sustancias".

Los conservacionistas estiman, además, que la Comisión de Seguimiento del depósito, que se creó cuando comenzó a funcionar, integrada por representantes del Ayuntamiento, Administraciones, Universidad de Huelva y ecologistas, "no está haciendo bien su trabajo porque no fiscaliza la entrada y salida de residuos".

Mientras, los responsables de la instalación defienden que en el vertedero "se analizan con exhaustividad todos los residuos y aquellos que no cumplen con las normas son rechazados. El depósito es un centro de almacenamiento en condiciones de máxima seguridad", aseguró Carlos Moreno Bermejo, presidente del Consejo de Adiministración de CMA, el día en que la empresa obtuvo el certificado de Gestión Medioambiental ISO 14.001 de AENOR, que demuestra el cumplimiento de las normas internacionales en materia de seguridad ambiental.

Los contrarios al depósito están dispuestos a seguir presionando a las Administraciones, a través de denuncias judiciales y medidas de protesta esporádicas, para que se clausure la planta. "Vamos a seguir con nuestras reivindicaciones porque queremos los mejor para el futuro del pueblo", dijo Alcázar.

El conflicto se ha reactivado en los últimos días. El alcalde de la localidad ha asegurado que él y la Corporación socialista local "se sienten manipulados por la Junta de Andalucía". Villalba acusó al Gobierno de Manuel Chaves de "quitarse de en medio" tras la construcción del vertedero, "cuando se comprometió a invertir en la creación de un complejo medioambiental en la comarca".