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La Generalitat sancionará los casos de contaminación lumínica con multas de hasta cinco millones de pesetas

Miquel Noguer

El alumbrado público, los grandes paneles publicitarios y la iluminación de los edificios hacen que los cielos de las grandes ciudades y sus alrededores nunca lleguen a oscurecer. Este exceso de luz, conocido como contaminación lumínica, acaba por alterar el ritmo biológico de animales y plantas y puede llegar a favorecer la desaparición de determinadas especies. Para paliar esta situación, el Gobierno catalán aprobó ayer un anteproyecto de ley que prevé sanciones de hasta cinco millones de pesetas para quienes utilicen instalaciones luminosas de elevada intensidad, como por ejemplo los rayos láser usados por discotecas y centros de ocio nocturno.Iluminar sí, pero lo justo. Una vez aprobada la ley, "no permitiremos la iluminación permanente de tramos de playa o de pistas de esquí", apuntó como ejemplo el consejero de Medio Ambiente, Felip Puig. Medio Ambiente espera conseguir que los focos exteriores de los grandes edificios no apunten al cielo sino directamente hacia el objeto que se quiere iluminar.

Para conseguirlo, el Departamento de Medio Ambiente prevé dividir el territorio en varias zonas según la iluminación que cada una pueda admitir. Una vez determinado este punto, se procederá a regular el tipo de iluminación que se puede instalar en cada zona. Se legislará sobre la intensidad de brillo, el régimen estacional de funcionamiento de los aparatos y su horario de utilización.

A pesar de ello, el texto tiene en cuenta la importancia que el alumbrado nocturno tiene en la seguridad ciudadana, la circulación y la vida comercial y turística. Por eso infraestructuras públicas como aeropuertos, grandes autopistas o puertos marítimos quedarán excluidos de esta regulación. La ley tampoco afectará a los edificios históricos de las ciudades para no perjudicar el turismo.

Sin embargo, algunos de estos edificios e infraestructuras ya han ido adaptando su iluminación para ahorrar energía. De ahí que cada vez se utilizan más las farolas que enfocan directamente al suelo en detrimento de las que proyectan su luz indiscriminadamente. Con ello se consigue ahorrar energía y mejorar la calidad de la iluminación de las zonas que lo necesitan.

La Generalitat concederá "ayudas económicas" a los propietarios de instalaciones que tengan que ser "adaptadas" a la nueva ley y establecerá un periodo de adaptación de varios años. Al mismo tiempo establece un régimen sancionador para los que la incumplan. Prevé, en este sentido, que las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves, y especifica que las multas oscilarán entre las 25.000 y los cinco millones de pesetas.

El anteproyecto de ley obedece a las presiones de varios colectivos ecologistas que denuncian que algunas especies de aves nocturnas están desapareciendo de los alrededores de las ciudades porque el exceso de iluminación les impide vivir con normalidad. También las asociaciones de astrónomos han presionado a la Generalitat en este sentido. Su denuncia recae en que el exceso de luz impide observar el firmamento, puesto que las estrellas quedan difuminadas en un cielo permanentemente rojizo.

Algunas zonas de Europa como el Venetto (Italia) y varias ciudades de California ya se han dotado de leyes similares a las que ahora impulsa el Gobierno de la Generalitat. También algunos municipios catalanes han impulsado normas para evitar el derroche de energía que se produce en la iluminación de edificios y de algunas infraestructuras.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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