Fujimori ordena la detención de Montesinos tras acusarle de enriquecerse con el narcotráfico

El presidente peruano, Alberto Fujimori, ha puesto en manos de su ministro de Justicia, Alberto Bustamante, la doble tarea de la detención del ex jefe del servicio de espionaje, Vladimiro Montesinos, y el desmantelamiento del alambicado aparato judicial que puso en pie el hoy fugitivo ex asesor presidencial para asegurar su impunidad. Fujimori ordenó la detención de Montesinos basándose en un "mandato judicial", algo que poco después negó, precisamente, el procurador especial designado para investigar y detener a Montesinos. El Gobierno suizo denunció la existencia en su territorio de tres cuentas bancarias secretas de Montesinos por un total de 48 millones de dólares (unos 10.000 millones de pesetas), que proceden, supuestamente, del lavado de dinero.

Tarea difícil

El presidente Fujimori afirmó ayer que su ex asesor de confianza se encuentra en Lima; es más, dijo que habló con él el lunes y trató de convencerle de que se entregara. Fujimori asegura que, ahora sí, ha ordenado su detención porque ya "existe un mandato judicial", en referencia a la investigación judicial puesta en marcha en Suiza por las multimillonarias cuentas. Pero poco después esta información era negada nada menos que por el procurador especial nombrado para el caso, José Carlos Ugaz, uno de los penalistas de mayor prestigio. Ugaz aseguró que no existe orden judicial de captura contra Montesinos, aunque podría formalizarse en breve. Según el presidente, "no hay duda del origen ilícito, de un lavado de dinero" que explica la acumulación de tamaña fortuna. Fujimori, que siempre defendió a su asesor en las ocasiones en que éste fue acusado de corrupto, dijo que "no conocía absolutamente nada" sobre un hecho "de esa naturaleza".

La punta del iceberg de la fortuna amasada ilegalmente por Montesinos en diez años está en Suiza. Se trata de cuentas secretas del ex asesor en tres sucursales de bancos extranjeros en Zúrich (un israelí, un francés y un tercero no identificado), según el informe oficial que el Gobierno de Berna transmitió a la cancillería peruana. La solicitud suiza de cooperación, en base al convenio de asistencia judicial en materia penal, obtuvo la rápida respuesta afirmativa del Gobierno peruano, que se apresuró a nombrar a Ugaz como procurador especial para investigar la denuncia.

Tras el descubrimiento de las cuentas bancarias se vislumbra la mano de EE UU, sea a través de la agencia antinarcóticos (DEA), de la central de inteligencia (CIA) o de las dos al unísono. La sospecha de que Washington alertó a Berna sobre presumibles cuentas bancarias sucias de Montesinos quedó reforzada ayer al confirmarse que las autoridades suizas habían iniciado una acción penal contra el antiguo jefe del servicio de inteligencia el pasado 5 de octubre, cuando ya se encontraba en Panamá a la espera de obtener asilo.

El embajador suizo en Lima, Erick Martin, aseguró que se trata de un proceso judicial que en Perú está en manos del fiscal de la Nación y el procurador especial, y en Suiza, en manos del fiscal del cantón de Zúrich.

Detener y procesar a Montesinos en Perú no será fácil, a pesar de los graves cargos que pesan en su contra. El Gobierno dice tener localizado el escondite del ex asesor, quien, sin duda, está fuertemente protegido. ¿Está Fujimori dispuesto a detener al fugitivo a cualquier precio, incluido el enfrentamiento armado? Si la detención puede llevarse a cabo sin derramamiento de sangre, el Gobierno tendrá enfrente lo que hasta ahora ha sido un muro infranqueable para los adversarios de Montesinos llamado poder judicial. Fuentes gubernamentales han admitido a este diario que el Ejecutivo no controla hasta la fecha ni la fiscalía ni el poder judicial.El primer obstáculo para una actuación penal contra Montesinos quedó eliminado ayer con la dimisión "irrevocable" de Blanca Nélida Colán como fiscal de la Nación, que se ha distinguido en su gestión como la salvaguarda del ex asesor. "He venido desempeñando el cargo con apego a la ley", dice en su carta de dimisión, en la que añade que, debido a los últimos acontecimientos que han llegado a cuestionar su función, ha llegado a la conclusión de que es conveniente para el país presentar la dimisión. Montesinos se queda sin un baluarte para su futura defensa.

Contra el antiguo brazo derecho de Fujimori pesa un número creciente de denuncias, que incluyen torturas, interceptación telefónica, corrupción de funcionarios, tráfico de armas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En este último capítulo, en marzo de 1997, Canal 2 denunció que los ingresos declarados por Montesinos en los años 1993, 1994 y 1995 aumentaron de un modo espectacular: de 20.000 soles (5.700 dólares) a 1.600.000 soles (450.000 dólares). El año pasado, el diario Liberación publicó una cuenta de Montesinos en el Banco Wiesse en Perú, que reflejaba un ingreso anual de más de dos millones de dólares. La investigación judicial que en su día inició el ex fiscal de la nación Miguel Aljovín se archivó por falta de indicios de enriquecimiento ilícito.

Susana Higuchi, ex esposa de Fujimori y actual congresista de la oposición, declaró ayer: "Es una vergüenza nacional y espero que la justicia y la fiscal pida hacer justicia. La pena a Montesinos sería de cadena perpetua". Añadió que el presidente tiene que ser investigado y, si se demuestra que está implicado, "tiene que ser destituido".