La oposición dice que la prórroga es fruto de los errores del Ejecutivo
Incentivos fiscales
Los partidos de la oposición coincidieron ayer en atribuir la prórroga presupuestaria decidida por el Gobierno a los errores políticos que ha cometido el propio Gabinete de Juan José Ibarretxe. Para los populares, la decisión del Ejecutivo vasco demuestra que "suma a sus errores políticos sus errores económicos" y exigió la convocatoria de elecciones de las que surja "un nuevo Ejecutivo con capacidad de gobernar". El parlamentario popular Antón Damboriena afirmó que la medida anunciada ayer por la vicelehendakari supone "una constatación más de la incapacidad del Ejecutivo de Ibarretxe para gobernar y para dirigir a la sociedad vasca". Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Euskadi, Javier Madrazo, explicó que Ibarretxe ha tirado la toalla del diálogo con los partidos en las cuestiones de gobernabilidad y concluyó: "Estamos en el preludio de unas elecciones anticipadas".
La parlamentaria de Unidad Alavesa, Enriqueta Benito, manifestó que la decisión era una "crónica anunciada", porque el Ejecutivo se encuentra en minoría en el Parlamento de Vitoria y, por tanto, "no tiene ni legitimidad política ni social". Los socialistas han aplazado hasta hoy su análisis, que harán público en una rueda de prensa en Bilbao.
Por otra parte, el Gobierno mostró su sorpresa ante la decisión de la Comisión Europea de abrir un nuevo expediente de infracción por los incentivos fiscales a la inversión vigentes en Euskadi antes de 1995 (las denominadas vacaciones fiscales). La vicepresidenta, Idoia Zenarruzabeitia, dijo tras el Consejo de Gobierno que éstas son "similares o idénticas" a las disposiciones establecidas en una región francesa que no quiso especificar.En su opinión, es sorprendente que la Comisión Europea haya adoptado en este momento una decisión sobre unas normas que fueron derogadas hace más de cinco años, sorpresa "que aumenta" cuando se analiza el comunicado de la Comisión.
Según explicó, el comunicado de los Quince afirma que la apertura de un expediente de investigación a las normas forales de 1993, y más concretamente al apartado sobre la exención del pago del Impuesto de Sociedades para empresas de nueva creación, se habría tomado igualmente si en lugar de haber estado vigentes en la comunidad autónoma lo hubieran sido en un Estado miembro. Sin embargo, Zenarruzabeitia, tras hablar del caso de la región francesa, dijo que incluso que España adaptó en 1994 a su normativa "muchas de las medidas contempladas en las normas forales de 1993".
El nuevo expediente, que se suma al expediente general abierto en julio de 1999, se ha incoado a instancias de una empresa que protestó ante la Comisión Europea por los beneficios fiscales otorgados por la Diputación alavesa a otra sociedad.
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