El fiscal anticorrupción reclama reformas legales para combatir el blanqueo de dinero

El fiscal jefe de la Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos, Carlos Jiménez Villarejo, reclamó ayer más colaboración del Gobierno español para combatir el blanqueo de dinero. Solicitó que se hagan las reformas legales necesarias para que el Banco de España tenga mayor control sobre las filiales de los bancos españoles radicadas en paraísos fiscales y, en línea con Bruselas, que se obligue a los abogados a informar a Hacienda de la identidad de sus clientes que hayan constituido entidades en paraísos fiscales o que hayan abierto cuentas allí.

Mayor control

Jiménez Villarejo aprovechó su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado a petición del Grupo Socialista para arremeter contra todas las autoridades, nacionales y extranjeras, por la falta de colaboración para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos monetarios y fiscales en los paraísos fiscales. Un problema al que el fiscal jefe calificó de "grave y muy preocupante". Esta preocupación está en la misma línea que la expresada por diversos organismos internacionales como la OCDE, la GAFI (perteneciente al G-7) o el Banco Internacional de Pagos. A pesar de que Jiménez Villarejo valoró positivamente, en general, la legislación española para combatir el blanqueo de dinero, no dejó de advertir de que aún es insuficiente. Por ello, propuso que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para que el Banco de España pueda investigar las filiales de las entidades financieras y de crédito españolas radicadas en paraísos fiscales, más allá de su capacidad actual para velar por su situación patrimonial y su solvencia, "que en la práctica tampoco podrá comprobar al no poder acceder a la identidad de los clientes para efectuar un análisis de los riesgos", subrayó Jiménez Villarejo.

Sociedades pantalla

Una herramienta muy útil también sería, según el fiscal jefe, que el Banco de España pudiese exigir como requisito previo a la autorización para abrir una oficina en esos paraísos fiscales, que se le sumistre información respecto a las operaciones realizadas por residentes en territorio español en esas filiales. Esta obligación, según el fiscal anticorrupción, "debe extenderse incluso a entidades residentes en España que, a pesar de haberse constituido en paraísos fiscales, realicen operaciones con las filiales de los bancos españoles".Como datos "ineludibles" que deberían figurar en esa información, citó el conjunto de cuentas bancarias de las que son titulares una persona o una sociedad en los paraísos fiscales, "procurando que los datos facilitados sean útiles y completos, con una precisa identidad de clientes y verificación de la misma".

Jiménez Villarejo explicó que la presencia de las entidades de crédito es el mayor problema. Esa presencia, según el fiscal jefe, facilita la opacidad fiscal, evitando dar datos sobre cuentas bancarias esgrimiendo la personalidad jurídica propia que se atribuye a la filial. "Argumento irrelevante porque actúan, obviamente, conforme a instrucciones de la casa central", sentenció. "En ocasiones", agregó, "estas filiales también garantizan la opacidad mediante testaferros u hombres de paja".

Sin medias tintas, Jiménez Villarejo dio algunos ejemplos de la presencia de entidades españolas en paraísos fiscales como las islas Caimán -no tienen ningún requisito legal para la identificación de clientes ni obligación de elaborar listados, ni un régimen obligatorio de información de operaciones sospechosas-, con presencia de Banesto, BBVA, BSCH, Banco Atlántico y Banco Sabadell, entre otros.

Un día antes de esta mención del fiscal jefe, el BSCH firmó en Suiza, junto a otros 10 grandes bancos internacionales, un código de conducta para luchar contra el blanqueo de dinero.

Por precisar más, apuntó que el BBVA también trabaja en Bahamas y, a través de filiales, en Panamá, Gibraltar y la isla de Jersey (territorios del Reino Unido); mientras que el BSCH lo hace en Bahamas, Panamá, Hong Kong, Filipinas, Singapur y las islas del Canal de la Mancha (territorio británico). Precisamente, la Fiscalía Anticorrupción investiga posibles comisiones ilegales de la Expo 92 depositadas en una oficina de Privanza, banco de inversión filial del BBVA.

El fiscal jefe ya había hecho mención en ocasiones anteriores de cómo las peticiones de auxilio judicial enviadas a los paraísos fiscales del Canal de la Mancha, a través del Reino Unido, jamás se contestan, o si se responden, se responden mal. Ayer, en la comparecencia, recordó también que paraísos fiscales como Luxemburgo, entre otros territorios, "además de tener una legislación restrictiva que impide el levantamiento del secreto bancario y de los límites de la información que pueda obtenerse de los registros públicos, la propia administración fiscal rechaza cualquier tipo de asistencia mutua y de intercambio de información".

Además de lamentar la falta de coordinación en el ámbito internacional, el fiscal jefe resaltó el problema de la ausencia de una mínima uniformidad normativa en el ámbito del derecho de sociedades. Al menos, Jiménez Villarejo recordó las exigencias mínimas planteadas el año pasado por el Consejo de Europa, celebrado en Chipre, como requisitos de transparencia societaria: la imposibilidad de que se admitan sociedades pantalla, el rechazo a que no se exijan capitales sociales mínimos para sociedades y la necesidad de exigir la verificación de cuentas anuales y la conservación de documentos durante determinados periodos. "Uno de los grandes retos de la comunidad internacional en relación con los paraísos fiscales", dijo, "es obligarles a que desvelen quiénes son los propietarios reales de las sociedades investigadas".Pero no sólo hay obstáculos con las autoridades extranjeras, también hay problemas de coordinación institucional dentro de España. El fiscal jefe lamentó que no se dote de los máximos recursos posibles al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (dependiente del Banco de España), que, dijo, tiene "competencias fundamentales" para luchar en este ámbito. Recordó que por una interpretación muy restringida de la ley, el servicio no puede disponer de información de la Agencia Tributaria con datos clave para el seguimiento de operaciones sospechosas.